Ante el caso del alza de tarifas efectuadas por Movistar, la Defensoría del Pueblo pidió al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) modificar las normas que regulan el plazo y procedimiento que tienen las empresas de telecomunicaciones para informar sobre los incrementos de tarifas.
La Defensoría resaltó que los usuarios y usuarias tienen derecho a contar con la información adecuada y oportuna antes de tomar una decisión sobre la permanencia con el servicio contratado, en caso se aumenten las tarifas.
Alicia Abanto, Adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, explicó que la normativa actual permite a las operadoras de telecomunicaciones realizar incrementos en el servicio en cualquier momento, sin garantizar la vigencia de la tarifa inicialmente contratada por un plazo mínimo, o de la nueva tarifa desde la última variación realizada, lo que vulnera el derecho de las y los usuarios a tener un mínimo se seguridad sobre la estabilidad de sus tarifas y a recibir información idónea que le permita tomar la mejor decisión, según cita la agencia Andina.
“Es por ello que la Defensoría del Pueblo ha requerido a Osiptel disponer la modificación del Reglamento General de Tarifas y del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, a fin de establecer un periodo mínimo de vigencia de las tarifas, de tal modo que no puedan variar dentro de los siguientes 12 meses de contratado el servicio o de producido el último incremento”.
En el caso de Movistar, Abanto señaló que se han detectado anomalías en el alza de tarifas como falta de notificación previa o el envío extemporáneo de la comunicación a las y los usuarios.
En este sentido, la representante de la Defensoría resaltó la importancia del rol que debe cumplir Osiptel.
“Es necesario que, además de las modificaciones normativas, Osiptel realice las acciones de supervisión y fiscalización para comprobar si las operadoras cumplen con la obligación de brindar información oportuna sobre incrementos tarifarios, a fin de garantizar los derechos de las y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones”, afirmó Abanto.
El último lunes, Osiptel confirmó multas que suman S/4,2 millones para las cuatro principales operadoras móvles del país, Movistar, Claro, Bitel y Entel.
En declaraciones a La República, el gerente de asesoría legal, Alberto Arequipeño Támara, explicó que Osiptel tomó esta medida ya que las normas lo facultan porque un organismo regulador interviene en los mercados para equilibrar las balanzas entre los intereses de los diversos actores. Por principio el regulador puede actuar cuando estos intereses han perdido equilibrio. Señaló que han actuado para detener ese incremento.
[Foto de portada: Andina]
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