El ministro del Interior, Carlos Morán, sorprendió este sábado con un anuncio en medio de la crisis política que afronta el Gobierno por el caso Odebrecht: que los nuevos congresistas ya no contarán con resguardo policial, porque esos agentes, que son 400 en total, irán a las calles a luchar con la delincuencias.

La medida, que se regularizará en los próximos días mediante un decreto, recibió el apoyo de varios de los virtuales congresistas de diversas bancadas, que saben que inician su gestión con las encuestas en contra, aunque con matices, en el sentido de que esa decisión debe alcanzar a otros altos funcionarios, como los ministros.

Uno de los primeros en aplaudir fue Daniel Urreti, de Podemos Perú, que respaldó la medida. "Que vivan (sus nuevos colegas) en carne propia la inseguridad ciudadana",  alegó, para justificar su postura. 

Luis Valdez, de Alianza para el Progreso (APP), apuntó se requieren medidas más concretas para luchar contra el crimen. "No basta solamente un mensaje, sino un plan de lucha contra la inseguridad. Preferimos que sea la población la que tenga esa seguridad", en El Comercio. 

Rennán Espinoza, virtual congresista de Somos Perú, dijo que su bancada saluda el anuncio de Morán. "Así sean pocos policías los que resguardan a congresistas, pueden ser de mayor utilidad en otras tareas en beneficio de los ciudadanos", señaló en  un comunicado.

"Me huele a populismo, no sé cómo 400 policías van a solucionar el problema de la inseguridad. Que van a aportar, no lo voy a negar", dijo a su turno Diethel Columbus, virtual parlamentario de Fuerza Popular.

¿Pero se justifica?

Sin embargo, las dudas en torno al anuncio saltan a la vista cuando se analiza la oportunidad y el impacto que tendrá en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Expertos en la materia coinciden en que más allá de que se trate de una medida válida, el efecto es más paliativo y coyuntural, que de fondo.

 Ricardo Valdez, exviceministro de Seguridad Pública del Mininter, sostiene que el anunció de Morán  genera controversia porque se da en medio de una crisis en Palacio por el caso Odebrecht. "Está queriendo resolver una septicemia con curitas", apuntó en El Comercio- 

Agregó que retirar la seguridad del Estado a los nuevos congresistas no tendría un respaldo técnico, porque el impacto más efectivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana pasa por redistribuir el recurso humano actual. "Hay una fuerza de 140 mil efectivos que se pueden distribuir de forma inteligente en donde haya más concentración del delito", refirió.

Nataly Ponce, también exviceministra de Seguridad Pública del Mininter, remarcó que lo que se necesita son medidas de fondo, no tanto cosméticas o de coyuntura, para que se garantice mayor presencia policial. "Hay que generar atención policial operativa en lugar de labores administrativas, lo cual requiere un cambio de visión, pero no todo el personal administrativo cuenta con la capacidad para actividades operativas. Ahí también hay dificultades", comentó.

Para el investigador de GRADE, Wilson Hernández, se trata de una medida política porque la situación de inseguridad no cambiará con 400 policías más. Agregó que lo que se requiere es un plan más claro en cuanto a los recursos de los que puede disponer cada año por parte de las escuelas. "Digamos que esta medida es ‘mejor que nada’. Los ministros del Interior son funcionarios de corto plazo, deben ‘cubrir huecos’, por lo que no suelen pensar hacia la proyección", apuntó.

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