Ahora sí, le llegó el turno. Con la presencia del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, se inició este lunes la audiencia judicial en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva por 36 meses en su contra planteado por el equipo especial Lava Jato de la fiscalía.
El pedido debía a empezar a analizarse el último jueves pero fue reprogramada por la jueza María Álvarez Camacho, la titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para que las defensas puedan preparar de una mejor manera sus planteamientos.
Así, la magistrada citó a las partes en la sala 2 de la sede judicial Carlos Zavala, en el Centro de Lima, para este lunes. En la diligencia participan los tres investigados: Luis Castañeda, Giselle Zegarra y José Luna, para quienes la magistrada del equipo especial Milagros Salazar solicitó 36 meses de prisión preventiva.
De acuerdo con la tesis fiscal, Castañeda Lossio habría recibido 480,000 dólares para su campaña a la alcaldía de Lima en el 2014, y sostiene que el exalcalde y sus coimputados trataron de obstruir la investigación fiscal. Además, considera que hay "sospecha grave" de peligro de fuga.
Los cargos
Castañeda y otros son investigados por el caso OAS son acusados por la presunta comisión del delito de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. En el caso del exalcalde el Ministerio Público estima una pena de cárcel de 12 años.
La fiscalía le atribuye haber favorecido a la empresa brasileña OAS, que financió su campaña, en el proyecto Línea Amarilla y el bypass de la avenida 28 de Julio, en sustitución del proyecto Parque Río Verde.
Sumado a lo anterior, el fiscal Carlos Puma, integrante del Equipo Especial Lava Jato, indaga los pagos a Castañeda por más de un millón de soles que efectuó la universidad Telesup, de propiedad de Luna Gálvez, entre el 2011 y 2014.
Sobre Castañeda y Luna ya existe impedimento de salida del país por 18 meses, de acuerdo a una resolución judicial dictada el 5 de julio de 2019.
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