El jefe del equipo especial Lava Jato de la fiscalía, Rafael Vela Barba, reconoció el jueves que la relación con Odebrecht "es difícil, no es de confianza", al comentar la demanda presentada por la empresa brasileña en contra del Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el Gasoducto Sur Peruano.
El fiscal superior señaló que hay muchas tensiones en del desarrollo del proceso de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht, que consideran clave para avanzar en las investigaciones por los actos de corrupción a gran escala que la empresa promovió en el país para ganar obras públicas.
"Es una permanente negociación en donde hay que contraponer intereses de parte de la Fiscalía, del Estado Peruano y de las empresas que también están dentro de este mecanismo que la ley permite", dijo Vela en RPP.
El magistrado reiteró que la demanda por la pretende reclamar US$1.200 millones —monto muy superior a los S/ 610 millones más intereses que se comprometió a pagar en 15 años por reparación civil, sin contar los S/ 524 millones que el Estado le liberó por la venta de Chaglla en una sola armada— no tiene sentido, ya que la misma Odebrecht reconoció ante el equipo especial su culpabilidad en el caso del proyecto Gasoducto Sur.
"No tiene ningún sentido, tratamos sobre documentos y sobre lo que existe. Así se lo hemos hecho saber a los ejecutivos de Odebrecht. No solo existe la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht, sino también de Graña y Montero y de los hermanos José y Hernando Graña".
"Cuando la empresa Odebrecht se declara culpable de cargos, se declara culpable de los cargos que el Ministerio Público le imputa y, en este caso, no solamente hay cargos relacionados con pagos de presuntos sobornos; sino también de colusiones agravadas en el otorgamiento de la buena pro", insistió el fiscal.
Vela reiteró que la demanda de Odrechet genera un ruido innecesario, pero no pone en riesgo el acuerdo de colaboración eficaz. Lo que sí da, anotó, es pie a que los voceros oficiosos de varios de los investigados —como los cuestionados fiscales Pedro Chávarry y Tomás Gálvez— a que vuelvan a la carga.
"Esto genera una turbulencia innecesaria y les da argumentos de crítica a quienes nosotros tenemos que enfrentar en la litigación".
Sea como fuere, la decisión de Odebrecht de llevar al Perú a un arbitraje ante el CIADI puede marcar un punto de inflexión en la relación, ya tensa, entre la fiscalía y Odebrechert. "[La demanda] debe provocar una reacción clara y fuerte del Estado. En adelante las cosas van a tener que ser muy distintas", remarcó el exprocurador César Azabache.
"La procuraduría debe pedir una audiencia en que se revise el monto de la reparación, el cronograma de pago y la garantías que lo respaldan. Odebrecht tenía en sus activos un intangible no revelado: la pretensión por US$ 1,200 millones que acaba de lanzar al ruedo".
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