El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, consideró correcta la decisión del juez Víctor Zúñiga, que declaró fundado el pedido de la fiscalía y ordenó 15 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori este martes, tras 11 sesiones en las que escuchó los argumentos de las partes.

Vela sostuvo que, a lo largo del último año, la jefa de Fuerza Popular obstaculizó la investigación que se le sigue por los aportes ilícitos a sus campañas de 2011 y 2016 en las que tentó, sin éxito, la Presidencia de la República.

"Estamos ante peligro de fuga pero objetivamente a los largo de este ultimo año Keiko Fujimori ha estado obstaculizando la averiguación de la verdad. De lo que estamos hablando es que se han dado hechos que constatan que hubo obstaculización", remarcó el fiscal superior en RPP.

El juez Zúñiga consideró que hay graves y fundados elementos de convicción que ayudan a concluir que se cometieron delitos como lavado de activos agravado bajo la modalidad de organización criminal y de obstrucción a la justicia, por lo que la prognosis de la pena de cárcel mínima es de 15 años.

"Para el juez se han comprobado que los elementos de convicción comprueban que efectivamente estamos ante graves delitos de lavado de activos y otros ilícitos que derivan en peligro de obstaculizacion y peligro de fuga", remarcó Vela.

"Lo que el juez ha establecido es que el arraigo de la señora Fujimori se ha debilitado a raíz de una serie de hechos objetivos como su estilo de vida y sus decisiones vinculadas a su relación con su partido político. Existe la posibilidad de que evada la acción de la justicia usando los medios que tiene".

En efecto, el juez Zúñiga también consideró que, además de obstrucción, existe una alta posibilidad de fuga, debido a la falta de arraigo laboral y económico por parte de Keiko Fujimori, al carecer de trabajo y bienes.

Para fijar los 15 meses de prisión preventiva, el magistrado hizo una especie de cronología del proceso: estimó que en dos meses la fiscalía debe formalizar la acusación, más otros cinco que tomaría el control de la acusación, debido a la complejidad de la causa, y que en ocho meses se podría terminar con el desarrollo del juicio. Así, Keiko Fujimori cumplirá la medida el 27 de abril del 2021, con lo que, de paso, es improbable que sea candidata presidencial en los siguientes comicios.

Hubo dos testimonios que presentó la fiscalía claves en la decisión judicial: uno, el de Jorge Yoshiyama Sasaki y, el otro, el de Daniel Salaverry. El primero relató que el abogado Vicente Silva Checa, asesor en la sombra de Fuerza Popular, le dijo que la persona encargada de hablar con el fiscal Pedro Chávarry a nombre dela jefa del partido era Daniel Salaverry, quien luego confirmó esa versión. 

Incluso Salaverry confesó que Keiko le dijo que había conversado con el entonces juez supremo César Hinostroza. Para el magistrado Zúñiga, los hechos narrados por Salaverry evidencian la intención de que, en su calidad de titular del Congreso, se reúna con el entonces titular del Ministerio Público, con el objetivo de influir en las investigaciones en su contra. Esto demuestra una clara voluntad de interferir en la justicia, agregó Zúñiga en su resolución.

"La fiscalía tiene un caso más que fuerte. Ahora presenta, además de los fondos de Odebrecht, una maquinaria que recibía y licuaba casi sistemáticamente fondos de diverso origen, sin importar de dónde venían. La defensa se ha quedado sin explicaciones. Todas sus coartadas están desmontadas. Entonces, la condena se hace cada vez más probable", dijo en El Comercio el abogado César Azabache.

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