El proyecto minero Integración Coroccohuayco consiste en la ampliación de la capacidad de producción de Antapaccay de la gigante suiza Glencore, para la cual se estima una inversión de US$590 millones. Se calcula también que este proyecto minero tendría una producción estimada de 100 mil toneladas de cobre al año.
El 19 de noviembre del 2019, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, se comprometió con representantes de las comunidades de la zona a implementar la consulta previa, para lo cual se estableció un plazo de 30 días.
Sin embargo, lo que pasó un mes después (19 de diciembre) fue que representantes del Ejecutivo señalaron que las preparaciones para la consulta se iniciarían a fines de enero de este 2020 y precisaron que cada comunidad podría presentar su propio plan de consulta. Ese mismo día, en el diario oficial El Peruano, se publicó la Resolución Ministerial N° 403-2019-MINEM/DM, que señala los procedimientos administrativos del subsector minero sobre los cuales corresponde realizar consulta previa. En dicha resolución, se deja abierta la posibilidad de que la consulta se pueda realizar “luego de la admisión a trámite del instrumento de gestión ambiental” y hasta antes de la autorización de inicio/reinicio de actividades, advierte CooperAcción.
Luego, en una entrevista a la agencia estatal Andina el 27 de diciembre, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, dijo incluyó a Integración Coroccohuayco como uno de los proyectos que debería estar en desarrollo en este 2020.
"Pensamos que en el 2020 seguiremos con la tendencia creciente, y proyectamos alcanzar 6,300 millones de dólares de inversión en el sector minero, porque algunos proyectos, como Yanacocha Sulfuros (Cajamarca) ya debería estar en desarrollo el próximo año. También tenemos otros como San Gabriel (Moquegua), Corani (Puno), Ampliación Pachapaqui (Áncash) e Integración Coroccohuayco (Cusco), los cuales nos permiten vislumbrar que podríamos estar en ese nivel de inversiones", dijo Liu en entrevista a Andina.
A esto debemos agregar que, según informó Rumbo Minero el pasado 13 enero, la Compañía Minera Antapaccay "recibió luz verde" para su modificación al estudio de impacto ambiental detallado para Integración Coroccohuayco. Precisa que el plan de minado será de 15 años y el proyecto contempla un ciclo de vida de aproximadamente 34 años. El diario Gestión también dio cuenta de este "visto bueno" del gobierno de Martín Vizcarra a este proyecto minero de Glencore.
Las declaraciones del ministro de Energía y Minas y los demás anuncios se dan cuando aún está pendiente de realizarse la consulta previa con las comunidades campesinas de Espinar.
Al respecto, Cooperacción consideró que este hecho no constituye un avance en la implementación de la consulta en los términos señalados por el Convenio 169 de la OIT. "Consideramos que no, y por el contrario, estamos ante un acto de mala fe por parte del Gobierno contra las comunidades", afirma.
"En el Perú, la consulta previa en el sector minero representa solo un acto formal. Esta se implementa antes de que se emita la autorización de inicio de actividades, y es esa la medida administrativa que se pone en consulta", argumenta la organización.
"La autorización de inicio de actividades es una medida de tipo fast checking, que solo verifica el cumplimiento de requisitos que las empresas mineras previamente deben cumplir para iniciar actividades de exploración, explotación o beneficio minero, como por ejemplo contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado".
"Es decir, la consulta se realiza al final de la cadena de decisiones, cuando todos los permisos que ponen las condiciones para que el proyecto se lleve a cabo están aprobados y consentidos, incluyendo el EIA. Por tanto, en el momento de la consulta ya nada se puede cambiar, y los pueblos indígenas no tienen la posibilidad de influir eficazmente en la determinación de condiciones para el desarrollo de proyectos mineros. Como lo ha señalado CooperAcción en reiteradas oportunidades, bajo este esquema se resta eficacia al derecho a la consulta, vaciándolo de contenido".
CooperAcción señaló que con una MEIA aprobada, "ya no habría medida administrativa consultable en lo inmediato". Resaltó que con la resolución "se habilita al Gobierno a realizar la consulta sin la necesidad de que el titular de la mina (la multinacional Glencore) haya cumplido con todos los requisitos previos para llegar a la última etapa del proceso de evaluación, con la autorización de inicio de actividades".
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