Este miércoles, la fiscalía inició una diligencia de allanamiento e incautación en el local de la Universidad Alas Peruanas (UAP), en el distrito de Jesús María, medida autorizada por el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el marco de la investigación por lavado de activos que afronta el excongresista Joaquín Ramírez, financista y exsecretario general de Fuerza Popular.

El magistrado de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios aprobó la solicitud del fiscal adjunto provincial Jorge García Juárez, a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. 

En la intervención, que tendrá una duración máxima de 24 horas, se espera hallar información, documentación, USB, memorias externas, libros contables y otros objetos de interés en la investigación que se inició en setiembre pasado, cuando la fiscalía incluyó al centro de estudios como persona jurídica imputada en un caso vinculado a Joaquín Ramírez, que habría financiado parte de la campaña de Keiko Fujimori en el 2016 con recursos de Alas Peruanas, que no fue "licenciada" por la Sunedu.

También se sospecha de la compra de una propiedad ubicada en la cuadra 26 de la avenida Salaverry, que hizo Alas Peruanas por 1. 8 millones de dólares, y que luego de seis años fue vendida a Lima Ingeniería y Construcción, empresa del exdirigente fujimorista.

Joaquín Ramírez es sobrino del fallecido exrector y exgerente general de la UAP, Fidel Ramírez Prado, en cuya gestión se produjo el traspaso, de acuerdo con la fiscalía. Además, la UAP habría sido usada para crear empresas y convertirse en proveedores de la misma casa de estudios.

"Nosotros hemos visto toda la información contable de la empresa, la información ha sido auditada y no tenemos un solo registro de un sol que hayamos tomado de la universidad para Keiko Fujimori, alguna empresa vinculada con ella o el partido Fuerza Popular", arguyó en setiembre pasado el director ejecutivo de la UAP, José Castillo, luego de que el Ministerio Público formalizó la indagación preparatoria.

El patrimonio oficial de Joaquín Ramírez es lo que genera más sospechas en las autoridades. De hecho, un reportaje de Convoca puso en evidencia esas fisuras. Por ejemplo, cuatro propiedades del financista fujimorista no fueron reportadas en sus declaraciones juradas en 2012 y aparecieron recién el siguiente año. 

Otros bienes fueron comprados a través de sus empresas para que no tengan que ser reportados a la Contraloría, y dos de sus compañías figuran como dueñas de al menos 24 propiedades, como viviendas, locales y estacionamientos por más de 15 millones de dólares.

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