El Acuerdo de París, cuya implementación se discute en la COP25 que se lleva a cabo en Madrid, pone en valor la importancia de adaptarse a los efectos adversos de la crisis climática y establece un objetivo mundial cualitativo que consiste en incrementar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad, en un contexto en el que todos los países se enfrentan a los impactos derivados del incremento de la temperatura global.
De hecho, varios países realizan diversos programas de adaptación al cambio climático, según las realidades de cada uno. En algunos casos son políticas públicas; en otros, iniciativas de organizaciones civiles. Ambas incluyen a pueblos y comunidades originarias, así como también al sector privado. En América Latina se está haciendo un trabajo articulado entre gobiernos nacionales o regionales o locales, comunidades indígenas y empresas privadas.
Un ejemplo de ello es la adaptación basada en ecosistemas (AbE), es decir a través de la utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia más amplia de adaptación, para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Incluye manejo sostenible, conservación y restauración de ecosistemas para proveer servicios que permiten a las personas adaptarse a los impactos del cambio climático.
Precisamente, en la actual cumbre climática se presentó el proyecto ‘Articulando agendas globales desde lo local: la adaptación basada en ecosistemas como catalizador de acciones para alcanzar metas globales’, que trabaja desde hace 10 meses con gobiernos locales de México (tres) y Brasil (cuatro). Este proyecto es parte del programa EUROCLIMA+, financiado por la Unión Europea.
Las agendas globales que se quieren articular en este proyecto son: cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), biodiversidad y la reducción de riesgos de desastres.
“Este proyecto es un catalizador de acciones municipales para alcanzar metas globales, pues promueve compartir buenas prácticas entre pares, fomenta el diálogo y la cooperación y permite replicar la incorporación de enfoque AbE en los municipios más vulnerables ante los efectos de cambio climático de ambos países a través de experiencias piloto en siete comunidades”, dice Alejandra Tenorio Peña, de Pronatura, organización basada en México dedicada a la conservación y resiliencia de la biodiversidad y los servicios ambientales que contribuyen a la construcción de una sociedad justa y equitativa en armonía con la naturaleza.
Con este proyecto se benefician las municipalidades y la población de las comunidades locales y grupos vulnerables identificados que además participan directamente en la implementación de medidas AbE que se definan en cada estrategia y sean implementadas.
Por su parte, Mariana Gianiaki, gestora ambiental de la Asociación Nacional de Órganos Municipales de Medio Ambiente (Anamma), señala que de lo que se trata es de proporcionar conocimientos profundos sobre cambio climático, de la mano con el saber de las comunidades indígenas. Su organización social trabaja con las áreas de medio ambiente de las municipalidades con el objetivo de implementar políticas ambientales que preserven los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esos municipios.
Las dos son las coordinadoras del proyecto y afirman que si las actividades de AbE son planificadas y diseñadas apropiadamente, pueden proporcionar beneficios económicos, sociales, ambientales y culturales, incluyendo mejoras en los medios de vida y la seguridad alimentaria, reducción del riesgo de desastres, conservación de la biodiversidad y secuestro de carbono. “Son soluciones naturales”, remarcan.
Para ellas, es importante la participación de las municipalidades en la adaptación al cambio climático, en tanto ellas tienen la atribución en el territorio. "Tienen responsabilidades específicas y ellos pueden, con sus atribuciones, hacer acciones", subraya Tenorio. Y añade: “Los municipios pilotos fueron seleccionados por su potencial conexión con otras áreas prioritarias para la conservación y restauración; e integrarán en sus planes locales de biodiversidad o planes de acción climática medidas de adaptación con enfoque AbE”, añade Tenorio. Las metas deben alcanzarse a los 32 meses.
Gianiaki explica que trabajan con restauración de áreas en sistemas agroforestales que van a beneficiar directamente a la sociedad civil local y el rescate de la biodiversidad con los servicios ecosistémicos que garanticen la calidad de vida de esas comunidades. También destaca la capacidad de las personas para adaptarse a esta nueva configuración climática: "Nuestra acción es capacitar y sensibilizar a las personas con relación a esta nueva situación climática; mostrar las posibilidades que tenemos para acciones que pueden ayudar a minimizar y adaptar a las personas a estas mudanzas negativas. En el nivel de resiliencia estamos trabajando con los conocimientos locales y tradicionales para rescatar el origen cultural y valorizar más los conocimientos que se han olvidado en el pasado".
En cuanto a los ODS con los que trabajan, sin duda resaltan el 17. "Es la alianza para hacer todas las cosas, y el trabajo con los municipios puede ayudar a satisfacer las necesidades de muchos actores. Las alianzas permiten implementar los otros ODS, así como con el Acuerdo de París (cambio climático) y el de biodiversidad biológica.
A diferencia de algunas medidas de adaptación, la AbE puede implementarse mediante la adopción de enfoques de mejores prácticas para la gestión sostenible de, por ejemplo, la pesca, los bosques, los sistemas agrícolas, las cuencas hidrográficas y las zonas costeras. Sin embargo, también deberan enfrentar barreras y límites, como financiación, conflictos de uso del suelo y la falta de apoyo de las poblaciones locales. Por ello, las alianzas son fundamentales.
