La tercera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló los cuatro meses de prisión preventiva que se habían impuesto a Melisa González Gagliuffi, la conductora que el 11 de octubre pasado atropelló y mató a dos jóvenes en la avenida Javier Prado, en San Isidro.
La sala dictó impedimento de salida del país por el mismo plazo, cuatro meses, además de comparecencia con restricciones y la obligación de cancelar 30 mil soles de caución. Una vez que la procesada por el delito de homicidio culposo por inobservancia de reglas de tránsito pague este monto, deberá ser liberada de forma inmediata del penal Virgen de Fátima, donde está recluida.
El fallo precisa que si González Gagliuffi no cumple con las restricciones, como no ausentarse del lugar donde reside sin conocimiento del juez, presentarse ante las autoridades fiscales y judiciales las veces que se las cite, entre otros, se le dictará nuevamente la medida coercitiva de prisión preventiva.
La sala alegó para revocar el fallo de prisión preventiva que la procesada cuenta con arraigo laboral y familiar, así como con "voluntad de resarcimiento". Además, que "no existe un alto grado de probabilidad de que la procesada vaya a eludir la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria".
Pasado 11 de octubre, la camioneta que manejaba González Gagliuffi, de 33 años, atropelló en San Isidro a tres jóvenes que iban a pasar unos exámenes médicos laborales. Las cámaras de seguridad del lugar muestran que vehículo invadió la acera, arrolló a las víctimas y, finalmente, impactó contra un condominio. Luego las pericias policiales determinaron que la conductora excedió el límite de velocidad en la zona (60 km/h), lo que provocó que pierda el control de su camioneta
González fue detenida en el lugar del accidente y puesta a disposición de las autoridades, pero dos días después, el 13 de octubre, el fiscal Mario Concepción Barrón Cerna, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, ordenó su liberación. Por ello, al magistrado le abrieron un procedimiento disciplinario, por un plazo de 60 días.
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