El fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori por lavado de activos, para incluir otros delitos, como asociación ilícita, organización criminal, falsa declaración y fraude procesal, en un contexto en el que además volverá a solicitar prisión preventiva para la jefa de Fuerza Popular, liberada hace poco gracias a un cuestionado fallo del Tribunal Constitucional.

El magistrado del equipo especial Lava Jato pidió también al Poder Judicial incluir en la investigación a la persona jurídica MVV Bienes Raíces S.A.C, propiedad del esposo de Keiko Fujimori, según la Disposición N°145 que fue emitida el 6 de diciembre, que señala que "es posible que se haya utilizado a la empresa formada por el investigado Mark Vito Villanella para el ocultamiento de activos ilícitos recibidos por su cónyuge, en relación a todos los activos que recibió durante el desarrollo de sus actividades como candidata presidencial".

La ampliación alcanza también a otros coprocesados: Jaime Yoshiyama Tanaka, Pier Figari, Ana Herz de Vega, Vicente Silva Checa, José Chlimper, Adriana Tarazona, Jorge Trelles,  Carmela Paucara, Antonietta Gutierres, Ana Cecilia Matsuno, Rafael Herrera y Erika Yoshiyama.

Tal como lo había anunciado, el fiscal Pérez presentó en su disposición nuevas evidencias contra Keiko Fujimori y sus colaboradores, como los testimonios de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, quien aseguró que Keiko Fujimori no solo sabía de los aportes de Odebrecht, sino que ordenó que se ocultaran a través de donantes falsos y trató de obstruir la investigación.

También se incluyó las declaraciones de los empresarios Dionisio Romero Paoletti (Credicorp) y Vito Rodríguez Rodríguez (Grupo Gloria), quienes afirmaron haber aportado US$ 3,65 millones y US$ 200 mil en efectivo, respectivamente, a la campaña de la jefa de Fuerza Popular.

En el documento del fiscal del equipo especial también se dispone a ampliar la investigación preparatoria por el delito contra la administración de justicia en las modalidades de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal, así como por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, tipificados en los artículos 411°, 416° y 438° del Código Penal.

La disposición fiscal dice que la falsa declaración en procedimiento administrativo se configuró al presentar la información financiera inexacta o incompleta de los ingresos del partido y de gastos efectuados en las campañas electorales de Keiko Fujimori.  

En tanto, el delito de fraude procesal ocurre cuando que la ONPE no abrió ningún procedimiento sancionador a Fuerza Popular, porque el partido ocultó información a través de falsos aportantes.

Por último, el delito de falsedad genérica se da cuando el partido burla "la labor estatal de supervisión de fondos partidarios de competencia de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios del ONPE, perjudicando su función de verificación y control sobre las finanzas partidarias de los partidos políticos".

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