El pleno del Tribunal Constitucional (TC) evaluó la demanda de competencia presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, contra el Ejecutivo por la disolución del Congreso. En la audiencia, intervinieron Olaechea y los abogados de la parte demandante, mientras que por la parte demandada expuso el procurador público en materia constitucional, Luis Alberto Huerta.

A su salida de la sala, el magistrado y ponente del caso, Carlos Ramos, estimó que el pleno iniciará el debate de la demanda competencial por la disolución del Congreso, las primeras semanas de enero próximo. 

“Buscaremos que [el pronunciamiento] sea antes de las elecciones [previstas para el 26 de enero). No depende de mí, no solamente es cuestión del ponente porque tiene que entrar al debate y entiendo que entrará al debate la primera semana de enero”, afirmó a la prensa.

Explicó además que el TC “cierra sus puertas el viernes 13 de diciembre” y retorna a sus actividades el 2 de enero, por lo que a su regreso procederán con la discusión de la demanda a fin de emitir su pronunciamiento “antes de las elecciones” al Legislativo. 

Esto significa que le darían prioridad, ya que de acuerdo con los plazos procesales del trámite del Tribunal Constitucional, una sentencia sobre este caso podría estar lista para la tercera semana de febrero, casi un mes después de que la ciudadanía concurra a las urnas para elegir un nuevo Parlamento.

Carlos Ramos, encargado de elaborar el informe sobre este caso, manifestó que “se ha avanzado mucho” tras la audiencia y resaltó que la Procuraduría emitió su pronunciamiento con anticipación ya que el plazo vencía el 17 de diciembre. 

Asimismo, calificó como un “debate de calidad” el presenciado en la sesión y destacó la “calidad de las intervenciones” de las partes, así como de quienes presentaron informes amicus curiae. Uno de estos fue del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

(Foto de cabecera: Andina)

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