El Poder Judicial dictó este miércoles 36 meses de impedimento de salida del país contra José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña como parte de la investigación por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el caso del Metro de Lima. El juez Richard Concepción Carhuancho consideró que hay “alta probabilidad” de que los implicados han participado en lavado de activos. 

El magistrado también ordenó el pago de una caución de un millón de soles, para el caso de José Graña, y 250 mil para Hernando Graña, los cuales deben ser cancelados dentro de 45 días. Además dictó reglas de conducta contra los dos investigados, incluyendo el que no se ausenten de la localidad donde viven sin autorización judicial previa, pasar control biométrico cada 30 días y la prohibición de comunicarse con otros investigados en el mismo caso, con la excepción de que se comuniquen mutuamente.

Durante su intervención, Jorge Massa, defensa de Graña Miro Quesada, aseguró que la voluntad de colaborar con la justicia se mantiene. “Nuestra voluntad es de colaborar con la justicia y tenemos toda la voluntad de cumplir con la comparecencia con restricciones que ha solicitado la fiscalía [...] Nuestro compromiso con el proceso especial ya implica un compromiso de no salir del país. Ya lo tenemos asumido como obligación propia”, manifestó el abogado.

“[Hernando Graña] se va a allanar al pedido debiendo precisar que es un hecho público que el señor está sometido a un proceso de colaboración eficaz [...] Es voluntad de mi patrocinado el cumplimiento de todo aquello que coadyuve a la investigación en curso”, aseguró, a su turno, la abogada del Graña Acuña.

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez sustentó el pedido con la declaración de Jorge Barata y Carlos Nostre de Odebrecht, con lo que señaló que habría un acuerdo con José Graña. Anteriormente, la fiscalía había desistido del pedido de prisión preventiva para Graña Miro Quesada y Graña Acuña, a raíz de que ambos se acogieron a la colaboración eficaz por el caso del Metro de Lima, adjudicado al consorcio integrado por Odebrecht y Graña y Montero. 

(Foto de cabecera: Andina)

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