No se da por vencido. Pedro Olaechea presentó el pasado 7 de noviembre dos nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) por la disolución del Congreso. El primero cuestiona la decisión del TC de declarar improcedente la medida cautelar que pretendía dejar sin efecto el cierre del Parlamento. El segundo refuta que el TC no haya admitido el extremo de la demanda competencial que cuestiona que el Poder Ejecutivo pueda plantear cuestión de confianza sobre la aprobación de leyes de reforma constitucional. 

Dentro de los pedidos del presidente de la Comisión Permanente esta que el órgano constitucional revise su decisión y emita un nuevo auto de admisión de la medida cautelar. Según señala el documento de Olaechea -al que tuvo acceso El Comercio-, el pronunciamiento del TC que declaró improcedente la medida cautelar “incurre en una motivación sustancialmente incongruente”. 

Con la medida cautelar, Olaechea buscaba que el TC suspenda los efectos del decreto supremo que disolvió el Congreso y convocó a elecciones congresales. Si embargo, los miembros del TC Manuel Miranda, Carlos Ramos, Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Augusto Ferrero la rechazaron, mientras que solo Ernesto Blume y José Luis Sardón votaron en minoría para que esta fuera admitida. Con esto, la mayoría de los magistrados del TC rechazó admitir la medida cautelar porque “podría ponerse en riesgo el calendario electoral”. 

En el segundo recurso presentado por el expresidente del Congreso, este afirma que el TC adelantó opinión sobre la separación de poderes. A diferencia de los otros requerimientos que formuló ante el TC como “presidente del Congreso de la República”, esta vez Olaechea se presenta como “titular del Poder Legislativo”.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió el mes pasado a trámite la demanda de competencias que había presentado Pedro Olaechea, hoy titular de la Comisión Permanente, contra el Ejecutivo por la disolución del Congreso que dispuso el jefe de Estado, Martín Vizcarra, el pasado 30 de septiembre. 

El magistrado Carlos Ramos Núñez, ponente de la causa, propuso que la demanda siga su curso y se debate en el seno del tribunal, lo que no significa que vaya a ser amparada, sino que ahora el TC se deberá pronunciará sobre el fondo del tema. La resolución podría darse en un plazo de dos meses a dos meses y medio. 

(Foto de cabecera: Andina)

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