Luego de que el Ejército cnminó a Evo Morales a renunciar como presidente de Bolivia, en medio del estallido social que provocaron los cuestionados resultados de las elecciones del 20 de octubre pasado, el líder indígena denunció, escondido en un zona cocalera del centro del país, que ahora la Policía busca detenerlo con una orden de aprehensión ilegal.
"Denuncio ante el mundo y el pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho".
El oficial Vladimir Yuri Calderón, comandante nacional de la Policía, desmintió esa denuncia, al asegurar que no existe tal orden de captura y que se desconoce el paradero del expresidente, que al dimitir denunció "un golpe cívico, político y policial".
"Quiero hacer conocer a la población boliviana que no existe orden de aprehensión alguna contra funcionarios del Estado como Evo Morales y los ministros de su gabinete", dijo, al precisar que desconoce el paradero del expresidente.
Aunque comenzaron a surgir rumores de que Evo iba a salir del país, este mismo descartó que vaya a abandonar Bolivia y anunció que permanecerá en Chapare, Cochabamba, su bastión político, "para retomar sus actividades personales", y declaró que "la lucha sigue".
El domingo, antes de que Morales renunciara al cargo que ocupada desde el 2006, el propio jefe del Ejército, Williams Kaliman, había pedido su dimisión. "Después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia", dijo el uniformado.
Incertidumbre ¿qué pasará?
Ahora Bolivia se enfrenta a un vacío de poder, tras la dimisión del número dos del régimen, Álvaro García Linera, así como la de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, todos miembros del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), mientras que el caos y los disturbios ya dejan al menos tres muertos.
Así las cosas, la senadora de la oposición Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del Senado, afirmó el domingo que ella asumiría la presidencia interina y pidió una sesión del Congreso el lunes. "Como establece nuestra Constitución, estoy en la segunda vicepresidencia, me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, pacificar al país y volver a la normalidad", dijo en televisión nacional.
Pero primero se deberá convocar una Asamblea Legislativa extraordinaria para considerar las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera, y se necesitará obtener quórum para aprobar su instalación. Pero el MAS continúa controlando ambas cámaras, por lo que la tarea de aplicar la Constitución con la coyuntura actual no será fácil.
A esto se suma los brotes de violencia. Durante el agitado domingo, elementos no identificados pero acusados de ser seguidores del expresidente cometieron actos de vandalismo en El Alto y en algunos barrios de La Paz: atacaron comercios y hasta incendiaron un garaje de buses de la capital. Otro grupo, encapuchados esta vez, también tomó la embajada de Venezuela en Bolivia, según la agencia AFP, ante la ausencia de las fuerzas del orden, que se sumaron a las protestas contra Evo Morales desde el viernes último.
Los manifestantes se paran alrededor de una barricada en llamas durante, en La Paz. (Reuters)
Entre tanto, la oposición, liderada por el candidato y expresidente Carlos Mesa, tras señalar que Morales y García Linera no deben participar en las nuevas elecciones, remarcó que el siguiente paso debe ser un acuerdo plural no solo para elegir a un Tribunal Electoral creíble, sino además renovar todos los poderes del Estado y que se cree una "junta de gobierno" transitoria, elegida por el pueblo sublevado.
El líder de las protestas, Luis Fernando Camacho, pidió este domingo, tras la dimisión del presidente, la conformación de una "junta de gobierno" con el alto mando militar y policial.
Evo Morales ya había cedido a la presión y había anunciado nuevos comicios este mismo domingo, horas antes de dimitir, tras 18 días de protestas en las que se pedía la anulación de las elecciones del 20 de octubre en las que fue reelegido.
El detonante fue el informe que hizo la Organización de Estados Americanos (OEA) tras una auditoría del proceso electoral, en el que se aseguraba que no se siguieron los procedimientos adecuados y que hubo "contundentes” irregularidades; por ello exigía la anulación de los comicios.
Luego, la Fiscalía General anunció una investigación contra los vocales del Tribunal Electoral sospechosos de las irregularidades y la presidenta del organismo, María Eugenia Choque Quispe, presentó su dimisión al cargo.
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