El fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde amplió la investigación a la red de 'Los cuellos blancos del puerto', para incluir formalmente en el caso al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y al fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, como presuntos miembros de una organización criminal que había coaptado al sistema de justicia a través de una red de corrupción y tráfico de influencias.
Inicialmente la investigación de la Corte Suprema solo comprendía al exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, sindicado cabecilla de la mafia que espera su extradición de España, y a los exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez e Iván Noguera.
Los audios de las interceptaciones telefónicas, declaraciones de colaboradores eficaces y testigos protegidos, así como los informes policiales y de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, fueron la base de la decisión de Pablo Sánchez, según La República.
"[Chávarry y Rodríguez] constituirían dos nuevos puntos nodales o, dicho de otro modo, habrían sido hombres claves de dicha organización criminal", subraya Sánchez en la disposición fiscal 21 que cita El Comercio.
El fiscal supremo a cargo del caso sostiene que 'Los cuellos blancos del puerto' no eran una red criminal típica, de un cabecilla y varios niveles operativos. Sánchez explica que se trata de una mafia de múltiples cabezas, con brazos compartidos, que operaban en el Poder Judicial,el Ministerio Público, el CNM y la Corte Superior del Callao, y la integraban abogados, funcionarios, jueces y fiscales.
El magistrado agrega que se logró establecer, a mediados de mayo de 2018, cómo fue que la organización se entera de la interceptación telefónica al entonces titular de la Corte del Callao, Walter Ríos, quien coordinó con los integrantes del CNM el nombramiento de un fiscal de Tacna.
El fiscal Rodríguez Monteza fue quien alertó de ese audio a José Luis Rodríguez Tineo, y este a su hermano Duberlí Rodríguez, quien a su vez le pasa el dato a César Hinostroza, quien de inmediato convoca a su despacho a Ríos Montalvo y Miguel Torres Reyna, asesor del exconsejero Hebert Marcelo Cubas, para realizar una reunión de control de daños.
Desde ese momento, la red se acerca más a Rodríguez Monteza y lo apoyan para que el 30 de junio gane la presidencia de la Asociación Nacional de Magistrados. Para ello, financian dos cenas: una el 29 de junio, para coordinar la elección, y otra el mismo 30 de junio, para celebrar el triunfo. Ambos ágapes se hicieron en la casa del empresario Antonio Camayo, uno de los operadores de la mafia judicial.
En paralelo, la organización empieza a realizar diversas acciones para asegurar la elección de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación. Para ello, Hinostroza llama al fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, para asegurar su voto.
Luego, según pudo conocer La República, Antonio Camayo organiza reuniones con el empresario Higinio Capuñay, dueño de Exitosa, para neutralizar las críticas de la prensa a su elección. Para esto, Hinostroza ya había acercado al mismo Chávarry con el consejero Velásquez, para que coordinen diversas acciones. Además, es en este contexto que se adulteran las notas en el CNM para asegurar la ratificación de Pedro Chávarry como fiscal supremo titular.
"Luego de la elección del fiscal Pedro Chávarry como fiscal de la Nación, Walter Ríos estuvo alegre y le manifestó que ya tenían el poder", declaró el testigo 2111-2018, que incluyó en su disposición Sánchez.
El fiscal suprema narra también cómo el 3 y 6 de julio del 2018, antes de que se estalle el escándalo de los audios y sin haber jurado aún como fiscal de la Nación, Chávarry envió oficios en los que solicitaba, "de manera urgente", información en “"res áreas sensibles […] que tenían a su cargo investigaciones o procesos contra magistrados". Para Sánchez, el pedido "grafica claramente la razón por la que los miembros de la organización criminal tenían el interés de que Chávarry llegue a la Fiscalía de la Nación".
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