La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) negó el licenciamiento institucional a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), que deberá cesar sus actividades en un máximo de dos años, como manda la Ley Universitaria. Previamente ya se había suspendido al rector Luis Cervantes Liñán, denunciado por ganar dos millones de soles, como parte del proceso sancionador por el uso de activos y excedentes sin acreditar fines educativos.
La resolución del consejo directivo de Sunedu señala que esa casa superior de estudios, fundada en 1964 y donde estudian 16.650 estudiantes a la fecha, queda ya desde este momento impedida a convocar a procesos de admisión para nuevos estudiantes, bajo cualquier modalidad.
La superintendencia explicó que su decisión obedece a que la UIGV no fue capaz de demostrar el cumplimiento de ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), que se exigen para la prestación del servicio educativo de nivel universitario en el Perú.
La UIGV, que es universidad privada de carácter asociativo, tiene 13 facultades y una escuela de posgrado, y su oferta educativa está conformada por 97 programas de estudio: 48 de pregrado, 38 maestrías y 11 doctorados, a los que se suman los 24 programas de segunda especialidad.
Su sede universitaria está en Lima, donde tiene nueve locales, y cuenta con una filial en la ciudad de Chincha, provincia de Ica, al sur de Lima. Del número total de sus estudiantes (16.650), el 60% está inscrito en programas presenciales, mientras que el otro 40% cursa programas semipresenciales.
¿Por qué le negaron el licenciamiento?
Entre las principales deficiencias que halló la Sunedu al evaluar a la UIGV, resaltan las siguientes:
→ La instancia encargada de la gestión de la calidad en la universidad no cuenta con una estructura organizacional definida ni con el personal requerido; además, sus instrumentos de gestión no están articulados entre sí.
→ La universidad no tiene planes de estudio para todos sus programas declarados y, en el caso de los planes que sí fueron remitidos, la información es inconsistente.
→ Desorden en la gestión institucional, porque se detectaron 82 documentos de planificación con observaciones en su aprobación por la autoridad competente; mientras que 22 no tuvieron documento de aprobación alguno.
→ Inconsistencias en la información del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la universidad, tanto en el presupuesto como en el plan y en la evidencia de lo ejecutado, lo que afecta el funcionamiento y operatividad de los equipos de laboratorios y talleres y en la seguridad de los mismos.
→ Deficiencias en la infraestructura de algunos locales de grado académico, que no cumplen con lo que fija la norma (Reglamento Nacional de Edificaciones), lo cual incide directamente en la seguridad del estudiante.
→ La universidad no ha demostrado la implementación y gestión de actividades de investigación planificadas: no hay evidencia de que sus proyectos de investigación 2019 hayan pasado por un proceso de selección para la adjudicación de financiamiento, aunque así lo establece su propia normativa; ni que se hayan ejecutado capacitaciones para los investigadores.
→ La universidad no pudo demostrar que cuenta con personal responsable para todas las instancias que forman parte de su área de investigación, como se probó en el caso de la Unidad de Investigación Formativa y Capacitación,
→ Se detectó que desde el 2017-I hasta el 2019-I, los docentes han incumplido los criterios establecidos en su propia normativa para ser considerados investigadores en la universidad.
→ Además, la universidad no culminó la mayoría de sus proyectos de investigación para el periodo 2017-2019, y los que sí se terminaron no cumplen con los criterios de integridad científica. A ellos se suma que para el 2019-I no cuenta con docentes vinculados a la investigación que ejecuten proyectos para la universidad.
→ Aunque la UIGV tiene una plana docente que cumple con requisitos de grados académicos mínimos requeridos, durante el proceso no pudo demostrar el vínculo laboral del 40% de sus docentes, ni su disponibilidad; solo evidenció que el 11.22% del total de sus docentes tiene un régimen de dedicación a tiempo completo.
Sostenibilidad financiera
En diciembre de 2018 la Sunedu requirió a la UIGV la presentación de un Plan de Adecuación (PDA), como parte del proceso de licenciamiento. Luego, en julio de 2019, la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia realizó una Diligencia de Actuación Probatoria en todos los locales de la universidad, con la finalidad de recoger medios probatorios sobre el cumplimiento de las CBC.
Y aunque la universidad presentó el Plan de Adecuación, la Sunedu señala que las actividades y resultados proyectados en él no son pertinentes ni suficientes para subsanar las observaciones halladas.
Según explicaron en la superintendencia, la gran mayoría de actividades son de diagnóstico y por sí solas no conducen al cumplimiento de las CBC; tampoco se consideraron actividades para mantener o mejorar aquellos indicadores que fueron dados como favorables, incluso cuando la Sunedu alertó riesgos de sostenibilidad de los mismos.
La Sunedu también constató que la UIGV no la sostenibilidad financiera necesaria para garantizar la implementación y mantenimiento de las CBC. De hecho, había iniciado un proceso sancionador contra la universidad por el uso de activos y excedentes sin acreditar fines educativos, entre los que se halló el aumento de sueldos a altos funcionarios sin sustento, el pago de viajes a favor del rector y su círculo familiar; y auspicio de actividades bajo los conceptos de marinera, caballo peruano y súper liga fútbol 7.
Por ello la Sunedu concluyó que la universidad está en un escenario de resultados negativos continuos y deterioro sostenido de sus activos, a lo que se suman los riesgos en la gestión administrativa y financiera.
La Sunedu recordó también que la UIGV fue recientemente sancionada por haber emitido títulos profesionales a bachilleres egresados de otras universidades, una práctica que contraviene lo establecido en la Ley Universitaria. Por esta infracción, la universidad ha sido multada con 300 UIT, equivalentes a S/ 1.2 millones.
DATOS CLAVES
► Son 80 universidades que hasta la fecha han conseguido el licenciamiento, de las 145 que se presentaron al proceso. La validez de las licencias otorgadas por la Sunedu tienen una duración mínima de 6 años y máxima de 10.
► La Sunedu denegó la licencia a 19 casas de estudio, debido a que no pudieron demostrar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad. A la fecha, más 900 mil estudiantes cursan estudios superiores en universidades licenciadas.
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