Corría el año 2014 cuando Pedro Olaechea Álvarez-Calderón, el actual titular de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, sostuvo reuniones con los entonces miembros del Tribunal Constitucional (TC), en representación de los propietarios nacionales y extranjeros de los bonos de la Reforma Agraria.
El objetivo era convencerlos de que anularan un fallo que rechazó una fórmula de pago que exigían sus representados y que equivalía a un desembolso de US$ 14 mil millones por parte del Estado, reveló este martes La República, que habló con magistrados en actividad y en retiro del TC que confirmaron que Olaechea y varios miembros de su familia son tenedores de Bonos de la Reforma Agraria.
Además, corroboraron que Olaechea presionó a magistrados de TC que asumieron funciones en 2014, para que dejen sin efecto el fallo en cuestión y así intentar que se concrete el pago de US$ 14 mil millones a los tenedores de bonos, entre los que él mismo figuraba, según fuentes consultadas.
De acuerdo con el medio citado, Olaechea actuaba en esa época como presidente de la Asociación de Tenedores de Bonos de la Reforma Agraria (ABDA), que junto con la Asociación de Agricultores Expropiados por Reforma Agraria (ADAEPRA) reclamaban al Estado que se les pague los bonos según el índice del precio al consumidor y una valorización actual de sus tierras. Esa pretensión fue rechazada por el TC.
"Cuando recién entramos al Tribunal Constitucional, en 2014 (bajo la presidencia de Óscar Urviola), Pedro Olaechea conversó con varios magistrados tratando de buscar que la decisión que había tomado el Pleno anterior sobre la fórmula de cálculo del bono de la reforma agraria se anulara", anotaron las fuentes, señala La República.
"Olaechea pertenece al grupo de personas que quiere desactivar la sentencia del TC que fijó el cálculo del bono de la Reforma Agraria. También está en ese grupo el expresidente del TC Carlos Mesía. Por eso está muy interesado en el TC. Mesía es de la idea de declarar la nulidad. Es de los que afirman que existió un supuesto vicio en la decisión del TC de ese entonces", añadieron los mismos informantes.
Además, en ese entonces, fue Mesía quien denunció al relator del TC, Óscar Díaz, con el objetivo de que se anule la resolución porque no estaba de acuerdo con sus intereses, los mismos que comparte con Oleachea, quien recientemente, además, quiso presionar al TC para que su primo Gonzalo Ortiz de Zevallos, asuma a como dé lugar como magistrado del TC, pese a que su elección, en el Congreso disuelto, ha sido impugnada por irregularidades en la votación del 30 de setiembre último.
Pese a ello, Olaechea, consultado por La República, negó cualquier relación con la asociación de bonistas o que exista un interés personal tras la designación de su primo Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como integrante del TC.
Sin embargo, fuentes del TC no descartan que la insistencia de Olaechea para que se reconozca a su primo como nuevo integrante del tribunal esté relacionada con su interés de que un nuevo colegiado anule el fallo que reduce las expectativas dinerarias de los tenedores de los bonos de la Reforma Agraria.
"Tener a un miembro de la familia en el TC tendría para Olaechea una lógica: conseguir un colegiado dispuesto a anular el fallo que impide a los dueños de los bonos cobrar lo que ellos piden", señalaron esas fuentes.
Ya en julio de este año, el TC declaró improcedente la pretensión de los tenedores de bonos que buscan anular la resolución que en 2013 determinó que la deuda debía actualizarse con el sistema del dólar estadounidense y con el Índice del Precio al Consumidor (IPC).
Los magistrados que rechazaron esa pretensión fueron Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales y Eloy Espinosa-Saldaña. Así, los votos a favor de los bonistas de Ernesto Blume Fortini, José Sardón de Taboada y Augusto Ferrero Costa no alcanzaron para revocar el fallo de 2013.
"(El caso de los bonos agrarios) ya no está en sede nacional. La vía se agotó. Está en la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). El TC ya falló en contra. En el Perú la vía está agotada. Ya no estoy en la asociación (de bonistas) que litigó y perdió. No hay más", alegó Olaechea en La República.
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