En medio de la creciente tensión en Ecuador, el presidente del país, Lenín Moreno, anunció el traslado de la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, luego de cinco días de protestas en la capital contra su decisión de eliminar los subsidios a los combustibles.
La medida la adoptó por razones de seguridad, ante la inminente llegada a Quito de miles de indígenas que avanzan por las principales carreteras de la sierra del país como parte de las protestas que han disparado la tensión política y social en Ecuador.
El anuncio del cambio de sede del Ejecutivo tuvo una simbólica escenografía, con Moreno escoltado por su vicepresidente, su ministro de Defensa y toda la cúpula militar, porque la conferencia de prensa que se había anunciado fue cancelada.
"He trasladado la sede de Gobierno a esta querida ciudad [Guayaquil], de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen", manifestó el mandatario, que el jueves pasado declaró el estado de excepción en todo el país en respuesta a las protestas que habían empezado hace una semana, tras denunciar un intento de golpe de Estado.
El Ejecutivo encabezado por el presidente Moreno defendió la necesidad del ajuste económico y culpó directamente al expresidente Rafael Correa y a sus aliados de agitar a las masas sociales.
Las protestas han incluido bloqueos de carreteras, violentos enfrentamientos entre policías, militares y manifestantes, así como saqueos y ataques a empresas y negocios.
Guayaquil, la segunda mayor ciudad del país y sede del poder económico, también tomó medidas de prevención y cerró al tránsito sus puentes y puntos de acceso de forma temporal "por motivos de seguridad".
Los líderes indígenas exigen al presidente Moreno a que revoque las medidas económicas que han provocado un alza de la gasolina por la retirada del subsidio estatal a los combustibles.
"En este momento, nuestros pueblos y nacionalidades están movilizándose, avanzando a la ciudad de Quito para poder exigir y rechazar estas medidas que atropellan los bolsillos de todos los ecuatorianos", dijo el titlar de la Confederación de Indígenas, Jaime Vargas.
En otras ocasiones en que hubo protestas similares al que está en curso y el sede del Gobierno se quedó en Quito, el presidente cayó. Eso, además de la razones de seguridad, también puede haber pesado en la decisión de Moreno de abandonar la capital, donde la Asamblea Nacional y el Poder Judicial también fueron atacados el lunes por manifestantes.
Pero esa decisión también puede tener costo político en los siguientes días para el jefe de Estado, porque ese espacio que deja en la capital puede ser ocupada por otros actores políticos.
A estas alturas, es impredecible el desenlace que puede haber Ecuador, porque ninguno de los sectores en conflicto piensa ceder. El presidente ha manifestado que no dará marcha atrás, y los grupos en protesta dicen que no pararán hasta que se derogue el decreto de hace una semana. Colegios y universidades permanecen cerrados, y las carreteras tomadas.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Nelson Erazo, cuestionó las declaraciones del domingo del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, en las que advertía a los manifestantes de no desafiar a las fuerzas armadas. "Ha declarado la guerra al pueblo", dijo el líder sindical, al asegura que la movilización no parará hasta que el Gobierno rectifique.
Para este miércoles convocaron a una una nueva huelga nacional. Y así las cosas, la situación puede volverse extremadamente caótica si no se abre alguna ventana para el diálogo.
