Los 'Codinomes' amenazan a la clase política, especialmente a los recientemente disueltos excongresistas. Este miércoles, los fiscales del equipo peruano del caso Lava Jato interrogaron en Brasil al exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, pero tuvieron problemas logísticos que no permitieron que el interrogatorio concluya como hubieran esperado.
Para el fiscal Rafael Vela, hay influencia de la campaña contra la investigación que ellos vienen realizando, de "sectores interesados que han estado atacando". No solo se trata de políticos, sino de empresarios, señaló el fiscal.
"Investigamos a gente con mucho poder, que tenían un rol participativo dentro de la economía del país. La cuestión política es una arista de la naturaleza de nuestras investigaciones. Investigamos financiamiento de campañas políticas a través de la Caja 2. La mayor parte de las fuerzas políticas está involucrada", afirmó Vela en declaraciones a RPP.
Vela señaló que hay fuerzas que "conspiran contra lo que nosotros aspiramos que sea el clima adecuado de investigación de la verdad". "Los intereses de estas personas se contraponen a ello, por eso hay una intensa campaña", dijo.
En otra parte de la entrevista, el fiscal afirmó que el resarcimiento del Estado peruano está garantizado por la procuraduría pública. Al respecto, la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato señaló que la devolución de una parte de los fondos del fideicomiso de la Ley 30737 a Odebrecht, por más de 515 millones de soles, “es una decisión que en este momento depende exclusivamente del Poder Judicial”.
El fiscal explicó que "la venta de Chaglla fue aprobada por el Ministerio de Justicia para propiciar este acuerdo; de otra forma, no habría recursos financieros que permitieran materializar el pago de reparación civil".
"El dinero no es para los bolsillos de la empresa Odebrecht o de sus ejecutivos, sirve para pagar sus obligaciones que permiten sostener el acuerdo”, afirmó.
De esta manera, señaló, "la venta de Chaglla ha permitido cumplir compromisos financieros: se extinguió una deuda tributaria de casi 500 millones de soles, se programó el pago de la primera cuota de reparación civil, el resto servirá para que la empresa no entre en insolvencia y quiebre, eso significaría que se retirarían y o podrían brindar ninguna colaboración”.
“El pago lo tiene que hacer la constructora como parte de sus obligaciones, pero cuando no tiene liquidez suficiente, entramos en un círculo en cual la proveedora se encuentra impaga; ha seguido proporcionando información, pero en algún momento pone una barrera al crédito que les estaba dando (a Odebrecht)”, agregó.
Los 'Codinomes' son los seudónimos que usó la constructora brasileña Odebrecht para registrar a los políticos a los que entregaba dinero para financiar campañas. En el caso de Perú, esto implica a políticos como los excongresistas del Parlamento que recientemente disolvió el presidente Martín Vizcarra.
En febrero pasado, Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración eficaz (y de culpabilidad) con los fiscales del equipo del caso Lava Jato y el procurador del Estado peruano. El procurador Jorge Ramírez precisó que la compañía se ha comprometido a pagar, en un período de quince años, un total de 760 millones de soles, 610 correspondientes a la reparación civil por los delitos cometidos y 150 por los intereses. Además, se estableció un interés moratorio en caso de incumplimiento de cuotas anuales.
[Foto de portada: Andina]
