Las personas afectadas por la exposición a metales tóxicos, provenientes de 11 regiones del Perú, demandaron al Ejecutivo la puesta en marcha de una política pública multisectorial de atención integral, luego de que en 2019 el Ministerio de Salud (Minsa) detectara cerca de 5.000 casos de víctimas de contaminación producto de las extracciones mineras y petroleras. 

En 2018, un estudio del Minsa en comunidades indígenas amazónicas ubicadas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, halló que más de 100 de un total de 242 niños y niñas, menores de 12 años, evidenciaban niveles de arsénico en sangre por encima del límite establecido para estándares peruanos.

Ese año, el Estudio Toxicológico y Epidemiológico del sector Salud identificó, en el ámbito nacional, los casos de 4.867 personas expuestas a la contaminación por metales tóxicos, de los cuales el 84% son niñas y niños menores de 12 años.

Ante esta situación y sobre todo frente a la postergación del Estado de una política pública orientada a restituir sus derechos fundamentales, las personas afectadas provenientes de Junín, Cusco, Pasco, Puno, Lima (San Mateo), Áncash, Amazonas, Loreto, Callao, Cajamarca y Moquegua convocaron a una protesta este miércoles en las sedes de los Ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Salud.

"Desde el 2016 que tuvimos el problema del derrame de petróleo y salieron los análisis, nuestros hijos están muriendo. Dos madres de familia han fallecido. Para mí no es fácil venir hasta a Lima pues la gente no habla mi idioma", señala Teresa Yunuk, lideresa proveniente de la comunidad Nazareth de Chiriaco, donde sufrieron derrames de petróleo.

Yolanda Zurita, lideresa proveniente de La Oroya y vocera coordinadora de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, cuenta que le tocó ver el sufrimiento de su padre, quien era trabajador de la empresa minera. "Estuvo años y años con convulsiones y una serie de enfermedades, pero lo que más me dio indignación es cuando me enteré de que la afectación es irreversible", refiere.

Además, este viernes 5 de octubre, se realizará una conferencia de prensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para demandar a las diferentes instancias de gobierno ─Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas, Minsa y el Ministerio del Ambiente─ acciones concretas para la atención prioritaria de las personas, especialmente niños y niñas, afectadas por la exposición a metales tóxicos.