No hay marcha atrás. El Ministerio de Cultura (Mincul) anunció que cumplirá la sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco que ordena a la Dirección Desconcentrada del Cusco demoler el hotel Sheraton que se levantó en la calle Saphy, en pleno centro histórico de la Ciudad Imperial, por la afectación del patrimonio cultural de la Nación.

La semana pasada, el Poder Judicial confirmó el fallo que ordenaba la medida tras el voto del juez dirimente del caso, Wilber Bustamante, en virtud del proceso que se inició en enero del 2016, por parte de la Comisión de Juristas de Cusco, con el fin de parar las obras de la referida cadena, a cargo de la empresa inmobiliaria R & G y cuya construcción afectó los andenes de la época prehispánica.

Ahora, el Mincul se pronunció al respecto y precisó que se dispuso la apertura de un proceso de demolición de lo ilícitamente construido del hotel ubicado en la calle Saphy, pero conservando los elementos patrimoniales

La idea es que este proceso no cause más daños de los que ya provocaron las obras, por la destrucción de cinco filas de andenes incaicos que se removieron durante la construcción del proyecto, las cuales deberán ser restituidas, según el fallo judicial.

Por ello, el Mincul había solicitado, antes de iniciar el proceso de demolición, una aclaración de la sentencia ante una aparente contradicción entre lo señalado en el considerando 5.19 (“… una medida urgente y tangible es amparar la pretensión de demolición de todo lo construido…”) y lo dispuesto en el punto 2.b del fallo contenido en la sentencia (“…se ordena a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, la apertura de un proceso de demolición de lo ilícitamente construido en el citado inmueble…”).

El Poder Judicial acogió el recurso aclaratorio e hizo las precisiones del caso, dijo el ministerio en un comunicado.



En la nota, el Mincul anuncia que elaborará un expediente técnico para demoler la estructura, debido a que hay elementos patrimoniales dentro del inmueble que deben ser conservados, en cumplimiento del mandato judicial, y respetando los plazos y procedimientos previstos legalmente.

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