Delicada acusación. La fiscal anticorrupción Zoila Sueno ha denunciado actos de "obstaculización" de las entidades gubernamentales involucradas en la pesquisa a su cargo por la adenda del contrato para construir el Aeropuerto Internacional de Chinchero, en el Cusco, caso que salpica al presidente Martín Vizcarra.
Durante la audiencia de este martes, convocada por el juez unipersonal para casos de corrupción de funcionarios, Manuel Chuyo, para analizar el pedido de la fiscalía de comparecencia restringida con impedimento de salida del país en contra de la exviceministra de Transportes, Fiorella Molinelli y otros implicados, Sueno criticó el comportamiento de los investigados durante la investigación preliminar.
"La primera vez que los llamé nadie vino, algunos han reprogramado o han esperado que vuelvan a notificarlos", relató, para luego explicar cuáles son los actos de obstrucción que considera se han presentado en la referida etapa.
"Sobre el peligro de obstaculizaciones. Doctor, es increíble, pero yo le digo a usted. Una investigación, realizada en un momento donde el Estado Peruano está con la persona que […] está con un gobierno de una persona que sale de esta investigación (Martín Vizcarra), es una situación bastante tormentosa para el Ministerio Público. Cada situación que pido tengo que pedirle tres o cuatro veces, sino tengo que mandar a un fiscal".
La fiscal del caso insistió en cuestionar que esa situación se esté presentando en esta investigación. "Siempre tengo que mandar a un fiscal. Es una situación que yo lamento bastante. La estoy pasando mal. Hice como ocho o nueve oficios y solo me han contestado tres. Los demás hay que reiterar, hay que ir", anotó.
En la audiencia, la representante del Ministerio Público solicitó que el juez ordene medidas restrictivas contra Molinelli y otros investigados, como Yaco Paulo Rosas Romero, Gianina Alejandra Beoutis Manrique, Hernán Omar Muñoz Valdivia, Camilo Nicanor Carrillo Purin y Nancy Zedano Martínez, todos en calidad de autores del presunto delito de colusión agravada.
Sueno también pidió que los referidos investigados no puedan dejar la localidad donde viven, no concurran a determinados lugares, se presenten a la autoridad cada 30 días, entre otras medidas, para garantizar su concurrencia al proceso. Y además, pidió que paguen una caución o garantía de S/100 mil con el mismo fin.
Las mismas restricciones solicitó la fiscal para Carlos Rodolfo Loret de Mola, José Carlos Balta del Río, Javier Rizo Patrón Larrabure, Patricia Teullet Pipoli y Ximena María Zavala Lombardi, vinculados al consorcio Kuntur Wassi.
Sobre María Zavala, Sueno dijo que al estar residiendo en España, se ordene que no se ausente del lugar donde reside, que asista todos los meses al consulado de Barcelona, concurrir a las citaciones, y que también pague una caución de S/100 mil.
En tanto, para los investigados Alfredo Juan Carlos Dammert Lira y César Antonio Balbuena Vela, se reservó el requerimiento, porque no fueron a la audiencia de este martes con sus respectivos abogados.
En la contraparte, Roberto Pereira, abogado de Fiorella Molinelli, dijo que los actos de investigación aportados por la fiscalía, "no justifican las restricciones y no se justifica un peligro de fuga o de obstaculización", por lo que pidió que se rechace el pedido de la fiscalía y se disponga la "restricción simple".
El abogado alegó que lo hechos imputados contra su patrocinada no se condicen con la verdad, al recordar que el proyecto nace en el 2014, y que luego de dos años recién aparece la Adenda Nº 1, la cual, remarcó, se presentó el 2 de diciembre del 2016, "por el consorcio Kuntur Wasi" y no el "concedente", es decir, Molinelli, quien la firmó como viceministra del MTC.
"De manera tal que no me parece raro (...) que aparezcan borradores de la adenda en la computadora de los representantes del consorcio, es absolutamente razonable siendo que es el concesionario quien presenta la solicitud de adenda".
Pereira dijo fue el entonces ministro de Transportes, el actual presidente Martín Vizcarra, quien "aprueba el texto de la adenda". "El actual presidente Vizcarra autoriza a mi patrocinada Fiorella Molinelli a firmar en nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la adenda. No le otorga competencia respecto de la aprobación de la adenda o del texto de la adenda, eso es competencia exclusiva del ministro", subrayó.
Por último, precisó que ello no significa que exista algo oscuro o ilegal en la citada adenda, sino que hace esa atingencia para "marcar que las responsabilidades deben ser definidas en las estructuras del Estado y que no todos son responsable de todo".
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