La parlamentaria Janet Sánchez retiró el último jueves su propuesta para que la Comisión de Fiscalización investigue “las circunstancias de la aprobación" del Mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra en el que se anunció el adelanto de elecciones para el 2020. Sin embargo esto no fue impedimento para que el grupo de trabajo, dominado por congresistas de Fuerza Popular y el Apra, oficialice el pedido al Pleno del Parlamento para que se le otorgue facultades investigadoras para el caso en mención. 

La exoficialista precisó que su iniciativa la presentó hace una semana y decidió retirarla para “mantener el diálogo con el Ejecutivo”, tras la reunión que tuvo el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, con el jefe de Estado. Aunque la presentación de la moción fue un día después de la cita de ambos titulares.

No tardó mucho tiempo para que la decisión de Fiscalización tenga repercusiones. En diálogo con Canal N, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano  consideró que la propuesta para investigar el Mensaje a la Nación del presidente representa una “amenaza” para la institucionalidad del país, y por tanto una prueba para solicitar la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

El también exministro de Defensa afirmó que el presidente de la República está “obligado” a utilizar todas las facultades que la ley y la Constitución le proveen para defender su investidura ante los ataques del colectivo fujiaprista. “El presidente Vizcarra está obligado a defender su investidura presidencial usando todas las facultares que le franquean la Constitución y las leyes. Formando parte de la Convención Interamericana debe evaluar esto y ver si informa o no a la OEA para la aplicación de la Carta Democrática”, indicó. 

Para Cateriano, quien fuera voceado en los últimos días para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros, el documento presentado por Sánchez, que fue aprobado para ser llevado ante el Pleno a efectos de recibir facultades investigadoras por 90 días, deriva de un claro intento de propiciar la vacancia del jefe de Estado y un claro “golpe de Estado” que debe ser observado por organismos internacionales.

Es importante precisar que para dejar sin efecto la propuesta de la legisladora de Contigo, el pedido del retiro tiene que ser aprobado por los integrantes de la Comisión de Fiscalización. El grupo de trabajo deberá tocar el caso en su siguiente sesión que debe concretarse en la próxima semana. El presidente Segundo Tapia, integrante de Fuerza Popular, deberá poner a votación la solicitud ya que mientras la comisión no decida al respecto, el proceso administrativo para que se incluya en la agenda del Pleno del Congreso continúa.

(Foto de cabecera: Andina)

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