Las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, denunciaron que están buscando deslegitimar sus exigencias de justicia por los derrames de petróleo en el Lote 192 de Loreto, que han afectado las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, tal como lo confirma un documento del Minsa (Ministerio de Salud), que reconoció la presencia de metales pesados en la población indígena.
A ello se suma que el Lote 192, "más del 80 % de las tuberías en las áreas del ex Lote 1AB donde continúa la operación, requieren reemplazo", según un Informe Técnico Independiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En concreto, las citadas federaciones, que siempre se han mostrado abiertas al diálogo para solucionar el conflicto socioambiental, se refieren a una denuncia periodística "cuyo objetivo es deslegitimar nuestras luchas por hacer prevalecer nuestros derechos frente a los abusos y violaciones de las empresas petroleras".
La versión periodística publicada en un semanario local implica a Gerardo Maynas, comunero achuar de Nueva Jerusalén, y a Mario Zúñiga, asesor de esas cuatro federaciones, a quienes se acusa de extorsión en la paralización del oleoducto en Loreto.
Según el pronunciento de la federaciones, en la denuncia periodística "se miente, distorsiona y mal informa; además no ofrece pruebas y hace afirmaciones sin mencionar las fuentes".
"Ese artículo, que responde a poderosos intereses, forma parte de una campaña difamatoria que se despliega en distintos medios hace varios meses contra los pueblos indígenas y sus organizaciones. Esta campaña busca librar de sus obligaciones y responsabilidades a las empresas petroleras que dañan impunemente nuestros territorios y nuestras vidas".
La federaciones agregan que por la desidia de la petrolera Frontera Energy, la cual busca evadir su responsabilidad de remediar el derrame de febrero de 2018, que afectó varios kilómetros de aguas en la quebrada Macusari, las comunidades de Nueva Jerusalén y Nueva Nazareth, hace 56 días, mantienen tomado el kilómetro 34 de la vía al Lote 192 y paralizaron la producción petrolera en la batería Dorissa.
"Hace más de un año y medio que la población demanda remediación y reparación de sus derechos, sin embargo no es escuchada. Es por iniciativa de la comunidad y su federación, que actualmente la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros acompañan el diálogo entre empresa y comunidades. Pero el diálogo fue suspendido el 7 de agosto por provocaciones de un gerente de la empresa, Telmo Paz, quien de forma irresponsable faltó el respeto a la población y al diálogo sostenido".
Señalan que la denuncia que recoge el semanario no menciona esta situación ni que el citado derrame es responsabilidad de Frontera Energy, y que está en un Proceso Administrativo Sancionador en la OEFA.
"No dice nada sobre los otros 70 derrames de petróleo ocurridos en el Lote 192 que son responsabilidad de la misma empresa, Frontera Energy, en tan solo cuatro años de operaciones (esto significa más de 17 derrames por año en territorios indígenas)", agregan las comunidades nativas.
La versión periodística en cuestión tampoco se refiere, dicen las federaciones, a las razones por las que Frontera Energy hasta hoy no ha entregado al Ministerio de Energía y Minas su Instrumento de Gestión Ambiental para manejar el lote 192, tal como le obliga la ley, entre otros incumplimientos de la empresa.
"Apoyamos plenamente las exigencia y lucha de las comunidades achuares, y damos respaldo total a nuestros hermanos Gerardo Maynas, poblador reconocido de la comunidad Nueva Jerusalén, docente, traductor e intérprete achuar acreditado por el Ministerio de Cultura; y a Mario Zúñiga, antropólogo, asesor y hermano comprometido desde hace varios años con la Amazonía y las luchas y por la vida de los pueblos indígenas".
Las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT alegan que se trata de una estrategia para debilitarnos sus demandas y desviar la atención de los temas de fondo: que las empresas cumplan sus obligaciones y que respeten los derechos de los pueblos indígenas.
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