Este martes 27 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró por primera vez en su historia un caso de tortura por discriminación motivada por orientación sexual y expresión de género contra una persona LGTBI. La víctima es Azul Rojas Marín, quien denunció ser víctima de violencia policial en el 2008, por lo que ha denunciado al Estado peruano.
En febrero del 2008 en Casa Grande (La Libertad), Azul fue detenida arbitrariamente por miembros de la Policía Nacional. Durante la intervención policial, la ciudadana LGTBI cuenta que los policías la agredieron con expresiones homofóbicas, ya que en ese entonces se identificaba como un hombre homosexual. Luego de golpearla, señala, la trasladaron a una comisaría, la forzaron a desnudarse y la violaron con una vara de reglamento.
"Pese a que presentó una denuncia penal por violación sexual, abuso de autoridad y tortura, más de 11 años después de estos hechos, los responsables aún no han sido debidamente procesados ni sancionados en el Perú", lamentó el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).
Ante la injusticia, Azul llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la asistencia legal de Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) y REDRESS.
La CIDH consideró que hubo un especial ensañamiento contra Azul debido a su orientación sexual percibida por los agentes, lo cual constituyó tortura con un fin discriminatorio. Señaló que el Estado peruano no investigó con debida diligencia la denuncia de Azul, con el factor agravado del prejuicio existente en Perú respecto a las personas LGTBI.
Por ello, recomendó a Perú adoptar una serie de medidas para reparar el daño material y moral sufrido por Azul y por su madre, incluyendo medidas de satisfacción, rehabilitación y compensación, incluyendo disculpas públicas, una pronta y efectiva investigación de los hechos; y adoptar garantías de no repetición.
El 22 de agosto del 2018, al considerar que el Estado peruano no había dado cumplimiento integral a las reparaciones ordenadas, la CIDH consideró someter el caso a la Corte IDH.
"Este caso representa una oportunidad histórica para que el Estado peruano erradique la violencia sistemática contra las personas LGTBI de sus prácticas institucionales y para que la Corte IDH adopte un precedente de gran importancia para la protección de personas LGTBI en toda la región", señala Promsex.
"Las organizaciones que acompañamos el proceso reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de Azul, incluyendo su derecho al debido proceso legal", agrega.
Este martes, fue la primera vez en la historia de la Corte IDH que se ha visto un caso de tortura por discriminación contra una persona LGBTI en América Latina.
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