El último domingo, Walter Aduviri, líder de las protestas contra el proyecto minero Santa Ana, fue capturado por la Policía. Por los disturbios en esta protesta realizada en mayo del 2011, conocida como Aymarazo, el actual gobernador regional de Puno fue sentenciado por el delito de "coautor no ejecutivo". Luego de las manifestaciones, el gobierno de Alan García retrocedió y derogó los decretos que provocaron la indignación de las comunidades campesinas de la zona. En parte, el Estado peruano reconoció su error al derogar las normas bajo el argumento de que "habría circunstancias que implicarían la desaparición de las condiciones exigidas legalmente”.
Ante ello, la empresa minera Bear Creek acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La compañía se amparó en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Canadá. Finalmente, en diciembre del 2017, mediante laudo arbitral, el CIADI terminó fallando a favor de la minera canadiense. Como informó en su momento Semana Económica, el Estado peruano perdió y se le ordenó desembolsar US$30.2 millones como reparación en beneficio de la empresa, por debajo de la solicitada una reparación de US$525 millones.
El economista Humberto Campdónico recuerda que el laudo acogió el pedido de Bear Creek, pero no aceptó el monto total de indemnización solicitado por la empresa. "Esta debía limitarse a los montos invertidos –US$ 18 millones, más intereses y gastos– porque si bien tenía la concesión, le faltaba aún obtener varios permisos para poder viabilizar el proyecto”, señala en La República.
Para el economista el laudo de este caso:
"refleja claramente la crisis de un modelo de contratación minera que desestima los reclamos de la población".
"El andamiaje jurídico existente justifica la legalidad de la inversión minera, contra viento y marea, paso a paso. No hay forma de presentar las reivindicaciones, porque eso los pone “contra la ley", agregó.
Por su parte, el exministro de Economía, Alonso Segura, opina que el hecho de que Perú solo haya perdido 3 de 16 casos ante el CIADI es una "exposición histórica".
"En realidad es saludable porque es parte de las reglas de juego de ser un país con grado de inversión. Los casos en que hemos perdido efectivamente había argumentos para perder, pero hemos ganado la mayoría. Esa es la forma como funciona", dijo a La República.
La información de los casos que Perú tuvo ante el CIADI formaron parte se la separata especial del Marco Macroeconómico Multinual 2020-2023, publicado por el Ejecutivo en el diario El Peruano el 23 de agosto pasado.
