La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y rechazo frente a la existencia de lugares que ofrecen servicios para modificar la orientación sexual o identidad de género de las personas LGBTI, empleando argumentos prejuiciosos, estigmatizantes y discriminatorios, sobre la base de creencias religiosas o sin sustento científico alguno, según lo ha revelado una denuncia periodística en los últimos días.
Estos actos constituyen actos de tortura, según lo han señalado expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de los Derechos del Niño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que en 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró a la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), cuya última versión (CIE-11), ha despatologizado a las identidades trans.
El adjunto Percy Castillo recordó que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estas “terapias” atentan contra la autonomía, libertad, salud e integridad de las personas, al constituir una práctica injustificada y antiética que debe ser denunciada y sancionada de manera ejemplar.
Ante esta situación, la Defensoría ha remitido comunicaciones al Colegio de Psicólogos del Perú, el Colegio Médico del Perú, el Ministerio Público y las Municipalidades a fin que, de acuerdo a sus competencias, investiguen y sancionen a quienes ejerzan indebidamente la profesión y discriminen a las personas LGBTI.
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