La procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato, a cargo de Jorge Ramírez, ya se pronunció sobre sobre el reclamo de Odebrecht para que se le reembolse los S/524 millones por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla (Huánuco), en medio de la polémica desatada por la denuncia penal que le interpuso la propia Procuraduría Anticorrupción, que lo acusó de favorecer a la empresa brasileña en el marco del acuerdo de colaboración eficaz.
El informe de la procuraduría ad hoc señala que no se debería devolver ese dinero a la constructora brasileña porque no cumple con la cláusula del acuerdo que fue homologado por el Poder Judicial, la cual dice que para que el rembolso proceda, Odebrecht no debe tener investigaciones fuera de las que figuran en el convenio, reveló El Comercio, que cita fuentes del Ministerio de Justicia (Minjus).
Es decir, el despacho de Ramírez discrepa con la posición expresada por el equipo especial Lava Jato de la fiscalía, a cargo de Rafael Vela, que refirió que la empresa brasileña no tiene procesos o investigaciones en curso fuera del acuerdo en etapa preparatoria sino solo preliminar, por lo que no habría impedimentos legales para que se atienda su pedido.
Así, ya con el pronunciamiento de la procuraduría ad hoc, la Unidad Funcional del Minjus le remitió al martes a la jueza María Álvarez Camacho el informe sobre el reclamo de Odebrecht para que resuelva la controversia, porque ella fue quien validó el acuerdo de colaboración eficaz.
La posición expresada por el despacho de Ramírez se basa en toda la información que dispone respecto a las investigaciones que tiene actualmente la constructora brasileña, pero difiere de la interpretación que hace de este caso la fiscalía, con el objetivo de garantizar que Odebrecht siga colaborando con testimonios y evidencia documental sobre los actos de corrupción perpetrados en el país.
Es decir, para la procuraduría ad hoc las investigaciones preliminares también son investigaciones, porque la cláusula del fallo judicial que aprobó el acuerdo habla de que no deben haber "investigaciones o procesos penales", sin distinguir las etapas procesales como lo hace la fiscalía en su pronunciamiento.
Pero las fuentes que cita El Comercio precisan que el despacho de Ramírez deja abierta la posibilidad de que sea la jueza la que aclare el sentido de esa cláusula, que no se pretende incumplir el fallo y que la postura que tomaron es autónoma y no responde a presiones políticas como se especula.
Esto coincide con lo declarado el martes por el fiscal Vela en Canal N, donde dijo que ya había sido informado formalmente por el procurador Ramírez de que este elevó su informe a la autoridad administrativa del Minjus a cargo del fideicomiso, en el que señala que será la jueza la que determine los alcances de una posible devolución del dinero reclamado. "No es un tema cerrado", comentó.
"Nosotros defendemos no al procurador Ramírez ni a la empresa Odebrecht. Nosotros defendemos una herramienta utilitaria que es el acuerdo de colaboración eficaz que nos permite avanzar notablemente dentro de nuestras investigaciones", subrayó Vela Barba.
Sea como fuere, la procuraduría coincide con la postura del presidente Martín Vizcarra, quien había señalado que no se debería devolver el dinero que reclama Odebrecht por el daño causado al Perú y para garantizar nuevos pagos de reparación civil por casos que la constructora no había confesado inicialmente, como el proyecto del Gasoducto Sur o la carretera San José de Sisa, en la región San Martín.
Las declaraciones del mandatario despertaron suspicacias en el equipo especial, según dijo el fiscal Vela, en torno a la autonomía que debería tener la Unidad Funcional del Ministerio de Justicia para resolver la controversia.
El fiscal superior volvió a cuestionar este fin de semana en Cuarto Poder la postura en este tema del jefe de Estado. "Son declaraciones inconvenientes", anotó, porque "acrecientan las suspicacias" sobre la información que viene recibiendo el equipo especial desde Brasil y que podría implicar incluso.
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