La hacen larga. Pese a las evidencias, testimonios y pruebas que la fiscalía tiene en contra de Keiko Fujimori, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema votó en discordia sobre casación planteada por la jefa de Fuerza Popular para que se anule la prisión preventiva de 36 meses que se dictó en su contra en octubre del 2019 en el marco del proceso por lavado de activos vinculado a los aportes ilícitos de Odebrecht.
Los jueces supremos Iván Sequeiros e Iris Pacheco votaron a favor de declarar infundado el recurso, mientras que Zavina Chávez, Jorge Castañeda y el ponente Hugo Príncipe aceptaron en parte el pedido y se pronunciaron por reducir de 36 a 18 meses prisión preventiva para Keiko Fujimori y otros integrantes de su partido.
"Esta audiencia es para informar a los abogados y las partes que en la fecha, al resolver las casaciones interpuestas por los procesados, se ha producido discordia entre los votos de los jueces. Dos se pronuncian a favor de que se declaren infundadas las casaciones y tres a favor de que se declare fundada en parte y se reduzca de 36 a 18 meses la prisión preventiva. Solo respecto a Luis Mejía Lecca, fundado su recurso de casación. En consecuencia, no se ha formado resolución. De conformidad con el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, seguirá su trámite este proceso", dijo al inicio de la audiencia el vocal Príncipe.
Al no haber alcanzado la votación requerida por ley (cuatro votos), la Sala Penal Permanente tendrá que convocar a juez dirimente, para definir la suerte de la dos veces candidata presidencial, informó el Poder Judicial en sus redes sociales. Y lo hará, tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la mayoría. Por lo pronto, se convocará a una nueva audiencia a las partes. La fecha aún no se ha informado.
El recurso de casación también fue presentado por Jaime Yoshiyama Tanaka, el exsecretario general de Fuerza 2011, así como de Luis Mejía Lecca y Pier Figari Mendoza, asesores de Keiko Fujimori. Todos son acusados por el Equipo Especial Lava Jato de ser parte de la organización que se estructuró dentro del partido para encubrir los fondos de origen desconocido y lavarlo a través de falsos aportantes y actividades simuladas, como los llamados cócteles.
Solo en el caso de Mejía Lecca (ex tesorero de Fuerza Popular), la sala suprema declaró fundado su recurso. Para el resto, todo apunta, por lo escuchado en la audiencia de este viernes, seguirían bajo prisión preventiva, pero se reduciría el tiempo de la misma.
Bajo este escenario, a la defensa de Keiko Fujimori y sus coprocesados solo les quedaría recurrir al Tribunal Constitucional, con un hábeas corpus, o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (a la que el fujimorismo siempre denostó), a través de una medida cautelar.
Sea como fuere, en este caso, la fiscalía tiene documentos sobre transferencias de dinero, identificación de cuentas bancarias, las direcciones donde se registraron las entregas de dinero, las personas que sirvieron como falsos aportantes que ya declararon y confirmaron que solo prestaron sus nombres y los testigos sobre el presunto conocimiento que tuvo Keiko Fujimori de los hechos.
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