Luego de que se aprobó la reforma política sobre inmunidad parlamentaria, en contra de la esencia de la propuesta original del Ejecutivo, el Congreso de la República acordó presentar un recurso para evitar su cierre. 

En el Pleno del último día de la legislatura 2018-2019, se autorizó que el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, interponga una demanda competencial y su correspondiente medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC), contra la cuestión de confianza presentada por el primer ministro, Salvador del Solar, sobre la reforma política el pasado 4 de junio. 

El objetivo de los parlamentarios es que el TC aclare los alcances y competencias que se ejerce en la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo, al considerar que algunas de las seis propuestas del Gobierno implicaba la modificación de la Constitución. 

También se busca evitar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, asuma que el Parlamento, a pesar que otorgó el voto de confianza, deshonró su palabra al incumplir con los requisitos en la aprobación de las reformas, según se estableció en la sustentación del Ejecutivo ante el Pleno. 

Existe la posibilidad que si el Ejecutivo interpreta esta alteración de los proyectos significa como un rechazo a la cuestión de confianza otorgada en junio, el jefe de Estado tendría la facultad de disolver el Congreso, al haberse negado dos veces esta medida. Sin embargo, los ministros y el propio Martín Vizcarra han reiterado que su objetivo no es el cierre del Parlamento, sino sacar adelante la reforma política. 

Para el constitucionalista Samuel Abad, es evidente que el transfondo del recurso es el evitar la disolución del Congreso luego de que interpretara que el Parlamento deshonró su palabra de otorgar el voto de confianza. En ese sentido, aclaró este jueves que, de presentarse, este no procedería porque el TC no puede resolver controversias de actos que no se han realizado. Es decir, no puede decidir de forma preventiva.

“Este recurso que se pretende presentar no procede porque tendría que haber una decisión del Ejecutivo. Esa decisión se debe evaluar, porque en teoría el Congreso ya le dio la cuestión de confianza. En principio lo que ha debido hacer el Congreso es aprobar los proyectos conforme lo solicitó el Ejecutivo”, declaró en Canal N.

“Lo que están pidiendo no es tanto la cuestión de confianza porque ya se dio y ya fue concedida por el Congreso. Lo que les preocupa a los congresistas es que el Ejecutivo sienta que no les han dado la confianza como solicitaban y que eventualmente pueda suceder una disolución, pero que aún no se ha dado”, agregó Abad, al explicar que el TC sí tiene competencia en dirimir actos, resoluciones, decisiones en las que un órgano podría estar asumiendo competencias que no le corresponde, violando a otro, Sin embargo, estos hechos deben haberse culminado. 

Además, recordó que el TC ya se pronunció sobre la cuestión de confianza en una sentencia de noviembre de 2018, en el que estableció que el Ejecutivo sí puede presentar la medida constitucional sobre una política de Estado, que en este caso sería la reforma política. “Si se opta por presentar la demanda competencial lo más probable es que el TC no la admita porque no tiene competencia para resolver estas acciones”, indicó.

El planteamiento de presentar el recurso surgió de las bancadas Fuerza Popular, Acción Popular, Acción Republicana y la Apra. Estas agrupaciones presentaron este requerimiento a Salaverry para que se convoque a la junta de portavoces y pueda ser debatido en el Pleno. Tras su aprobación por mayoría, los congresistas   Patricia Donayre, de Unidos por la República; Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú; y Humberto Morales, de Frente Amplio, se mostraron en contra del recurso.

(Foto de cabecera: Congreso)

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