Aún no hay justicia plena. A pesar que los responsables de esta matanza están presos, los familiares de las víctimas del caso La Cantuta siguen luchando. Actualmente, el Estado peruano está incumpliendo el mandato de Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al no buscar a las cinco víctimas del caso La Cantuta que aún no han sido encontrados, denunció Gloria Cano, abogada de Aprodeh.
“Un problema es la posibilidad de buscar los cuerpos de los que faltan, las cinco personas. Hace mucho tiempo, los forenses establecieron un cronograma de trabajo, tanto en Cieneguilla como en Huachipa, donde hay que buscar las otras fosas; sin embargo, no se sabe dónde quedó el trámite en el Ministerio Público. Eso hace años”, dijo Cano en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Hablamos, en algún momento, con el Ministerio de Justicia para que pueda coordinar con el Ministerio de Vivienda y presten la maquinaria necesaria, y ahora los terrenos están en litigio, cuando eso debió ser inmovilizado. Ya no sabemos qué hacer, le hemos notificado a la Comisión, la propia Corte le ha dicho que tiene que hacer acciones para buscar a los desaparecidos, pero el Estado no cumple”, agregó.
Como se recuerda, algunos miembros del grupo paramilitar Colina se acogieron a la colaboración eficaz ante el Ministerio Público. Estos señalaron que había una o dos fosas más. Al respecto, la abogada Cano remarcó que han pedido a las autoridades que se impulse la búsqueda.
“En el caso La Cantuta como caso Pativilca están los colaboradores eficaces que han entregado la documentación necesaria que comprobaba no solo la existencia del plan Cipango, sino también las planillas de pago, la estructura propia del destacamento Colina”, señaló.
Los restos que faltan encontrar son de: Felipe Flores Chipana, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Dora Oyague Fierro y Heráclides Pablo Meza, estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle.
Ellos, junto a los estudiantes Bertila Lozano Torres, Luis Enrique Ortiz Perea, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa, así como del catedrático Hugo Muñoz Sánchez, fueron desaparecidos la noche del 18 de julio de 1992, durante la dictadura de Alberto Fujimori. Los paramilitares del Grupo Colina los secuestraron, asesinaron y enterraron, pero luego los desenterró tras una denuncia del congresista Henry Pease. Los criminales incineraron los cuerpos y los trasladaron a nuevas fosas clandestinas en Cieneguilla. Los restos fueron encontrados el 12 de julio de 1993 cuando la Fiscalía realizó una diligencia de constatación en la quebrada de Chavilca. Ahí, se confirmó la existencia de cuatro fosas clandestinas que contenían restos óseos calcinado, dos juegos de llaves, un proyectil de bala, restos de ropas, cabellos, etc.
A pesar de las evidencias, en su momento los congresistas fujimoristas, como Martha Chávez, insistieron en justificar esta matanza afirmando que eran terroristas o se habían "autosecuestrado", cuestiones que fueron posteriormente negadas en el juicio.
Por este caso, el 7 de abril del 2009, el Poder Judicial peruano condenó al exdictador Fujimori a 25 años de prisión por ser autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de los estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos.
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(JLPA)
