El Pleno del Congreso aprobó este jueves que las iniciativas planteadas por el Ejecutivo sobre el financiamiento ilícito de partidos políticos vuelvan a ser debatidos en la Comisión de Constitución. La presidenta de dicho grupo de trabajo, Rosa Bartra, planteó una cuestión previa para que los Proyectos 2653 2750, 2792 y 3691, que se refieren a la tipificación del delito de financiamiento ilícito en partidos políticos en el Código Penal, regresarán a la Comisión de Constitución. La cuestión previa fue aprobada con 100 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La medida fue planteada en respuesta a la reconsideración solicitada por la bancada de Nuevo Perú en diciembre del 2018, en medio de críticas porque el dictamen modificaba el delito de lavado de activos si se cometía a través de aportes a campañas políticas. "Dado el estado del proceso y dado que se ha aprobado la reconsideración, solicito que, como cuestión previa, retornen a la Comisión de Constitución y Reglamento los proyectos de ley 2635, 2750, 2792 y 3641 que proponen la tipificación del delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas o candidatos", señaló Bartra durante el debate.

El dictamen sometido a una reconsideración fue aprobado en diciembre del 2018 y plantea que "el que infringiendo la ley electoral o de organizaciones políticas, entrega o recibe, directa o indirectamente, financiamiento de origen delictivo, (...) es reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años". En aquel momento, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, calificó este proyecto como "nefasto" y se negó a firmar la autógrafa y enviarla al Ejecutivo para su promulgación, lo que permitió el pedido de reconsideración. 

Posteriormente, el 10 de abril del 2019, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley 4189 que también plantea cambios para tipificar el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Sin embargo, dicha propuesta se encuentra pendiente de debate en la Comisión de Constitución.

En este momento se viene debatiendo el dictamen que modifica los artículos 34 y 39 de la Constitución para impedir a los sentenciados postular a cargos electorales y ejercer la función pública. La reforma aprobada añade en el artículo 34 de la Constitución, referido los impedimentos para ser candidato, la prohibición de postular de los sentenciados en primera instancia por delito doloso. 

Se aprobó, además, un cambio en el artículo 39 de la Constitución para extender esta prohibición al ejercicio de la función pública, mediante la designación de cargos de confianza.

(Foto de cabecera: Congreso)

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