Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, insistió este miércoles en que la ex primera dama no tiene ninguna vinculación con el Caso del Gasoducto, obra que se adjudicó en el gobierno de su esposo, Ollanta Humala, y por la cual Odebrecht ya admitió el pago de coimas y entregó información sobre 17 transferencias de dinero por más de US$ 3 millones, cuyos destinatarios están ocultos bajo ‘codinomes’ en el sistema Drousys.

Fue en ese contexto en que el equipo especial Lava Jato pidió allanar la vivienda de Heredia y otros 25 inmuebles vinculados a la investigación de este caso, en el que la fiscalía sostiene que se habrían cometido los delitos de colusión agravada (concertación ilegal entre un funcionario y un particular en negocios públicos) y de negociación incompatible.

"Si Odebrecht reconoce que ha hecho pagos, en buena hora que lo reconozca y diga quiénes son los titulares y ‘codinomes’ que se han conocido. El hecho concreto es que Nadine Heredia Alarcón, a quien defiendo en el Caso Gasoducto, no tiene relación directa ni indirecta con este tema", dijo Pedraza.

El martes, durante a diligencia ordenada por el juez Juan Carlos Sánchez, la fiscal a cargo de las intervenciones, Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, habló de la presunta participación de Heredia Alarcón en esta trama, al comentar que tienen "información de testigos protegidos y colaboradores que dice que [Nadine] habría viabilizado la dación de una norma en el 2012 para la seguridad energética. Y habría mantenido conversaciones con los altos funcionarios de Odebrecht para favorecerla con el proyecto. De las indagaciones se desprende su directa participación". 

En RPP, Pedraza sostuvo que de existir nuevas pruebas respecto a presuntos actos de corrupción en el Gasoducto Sur Peruano, están de acuerdo con que se incluyan en un acuerdo entre Odebrecht y la fiscalía, lo que implicaría además que la firma  brasileña perdería la inversión de dos mil millones de dólares en el proyecto, cuya concesión de anuló en 2017. "En buena hora que así sea", anotó. 

Agregó que tampoco se oponen a la incorporación de pruebas dentro de la carpeta fiscal de este caso, pero reclamó que sea bajo los procedimientos correctos.

"Nosotros lo que pretendemos es que la fiscalía, en tanto defensor de la legalidad, tiene que usar los mecanismos regulares en cuanto a la incorporación de la prueba, tiene que ser objetiva. Nosotros no nos oponemos a la investigación, pero las reglas con mayor claridad".

La tesis de la fiscalía señala que en el proceso de licitación del proyecto, se habría favorecido a Odebrecht al descalificar indebidamente al consorcio competidor de la empresa brasileña, en base a informes jurídicos emitidos por dos estudios de abogados, Echecopar y Delmar Ugarte, cuyas oficinas también fueron allanadas el martes.

Según la resolución del juez Sánchez, la medida se dictó con el fin de "encontrar bienes y/o información que sean de interés para la investigación, como, por ejemplo, agendas (anotaciones) correos electrónicos, mensajería, videos, audios, teléfonos celulares y cualquier otro medio audiovisual o documento físico y/o informático que acredite algún tipo de coordinación entre los investigados".

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