El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, se allanó a la solicitud del Ministerio Público de impedimento de salida como parte de las investigaciones por los contratos con la constructora brasileña OAS durante sus gestiones municipales, informó su abogado Bryan Kabsther Berríos la audiencia donde se evalúa el pedido fiscal. Sin embargo, cuestionó que este haya sido ampliado de ocho a 36 meses. 

“Si es que el Ministerio Público y el Estado consideran que hay hechos que tienen que ser investigados y para lo cual se necesita su presencia [la de Luis Castañeda] en el país, mi patrocinado tiene toda la convicción de colaborar con la investigación en todo lo que sea posible y ha manifestado su allanamiento a la medida del impedimento de salida del país”, afirmó Kabsther Berríos.

La defensa de Castañeda dijo estar disconforme con el periodo de 36 meses al considerar que los argumentos del Ministerio Público “son falaces”. “Independientemente de que nosotros prestemos el consentimiento para que se le imponga una medida de impedimento, no estamos conformes con dos cuestiones propias, la primera son los argumentos a través del cual se esgrime este impedimento porque consideramos que son falaces y el segundo es por el plazo”, indicó. 

Incluso manifestó que el pedido por ocho meses no estaba bien argumentado por la fiscalía, porque está sustentado en una declaración que deberá rendir Castañeda en agosto.  “El requerimiento de impedimento de salida tiene naturaleza exclusiva para actos de investigación que se necesitan. Está diseñada para actos de investigación específicos […] El único acto de investigación que establece [el Ministerio Público] que necesita, es su declaración, la cual ha sido programada el 5 de agosto a las 9 de la mañana”, resaltó. 

“La pregunta es ¿cuál es la necesidad de suspender el derecho de toda persona al libre tránsito si es que los actos de investigación para los que se le requiere son exclusivamente una declaración. No está debidamente sustentado por qué se requiere ocho meses, luego 36 meses”, cuestionó previo a hacer entrega del pasaporte biométrico del exalcalde de Lima, como prueba de su disposición a colaborar con la investigación. 

El aumento de la medida también alcanza a otros investigados: el excongresista José Luna Gálvez y los exfuncionarios municipales Giselle Zegarra, Jaime Villafuerte y Bruno Lucchetti.

Los argumentos de la fiscalía

Según la exposición del fiscal Carlos Puma, “OAS no veía conveniente realizar la obra Río Verde y existía interés de que se realice el by-pass 28 de Julio”. Fue entonces que utilizó la declaración de dos colaboradores eficaces, el 101-2019 y el 130-2019, para señalar que se concertó con la empresa brasileña el aporte de 220 mil dólares para la campaña municipal de Castañeda del 2014 y que el monto fue entregado por el director de la constructora en Perú, Leonardo Fracassi, a Bustamante, secretario general de Solidaridad Nacional.

En el caso de José Luna Gálvez, el integrante del Equipo Especial Lava Jato indicó que hubo 6 transferencias detectadas de Telesup –universidad de la que es dueño– a Castañeda por un total de S/91 600. Estos son considerados como operaciones sospechosas.  A Giselle Zegarra se le imputa el presunto tráfico de influencias a raíz de la adenda 1 y colusión. En tanto, a Jaime Villafuerte, se le acusa de supuesta colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias y asociación ilícita. 

"En este tipo de investigaciones, tenemos que ver cuáles son los aportantes, tomar las declaraciones y ver si realmente aportaron o no los montos que declaran ante la ONPE porque existe una noticia periodística que indica que cinco personas negaron esto. Esto demanda muchísimo tiempo", señaló el fiscal.

(Foto de cabecera: Andina)

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