La ratificación del Acuerdo de Escazú permitirá reducir los conflictos socioambientales e implicará que las autoridades puedan enfocarse en mejorar la aplicación de las normas, afirmó Duberlí Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial.
"En lugar de rendir homenaje a los defensores ambientales asesinados, trabajemos en la defensa de los derechos ambientales para así evitar más muertes”, agregó.
Así de importante es este acuerdo internacional. Se trata de uno de los tratados de derechos humanos y ambientales más importantes de los últimos 20 años. Su objetivo es garantizar un debido acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental en los países de América Latina y el Caribe.
En setiembre pasado, el Estado peruano lo firmó y ahora su ratificación está en manos del Congreso. Para ello, el Ejecutivo ha venido trabajando junto a organizaciones sociales. Entre los avances, está la actualización del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), destacó Gabriela Paliza, directora de Información e Investigación del Ministerio del Ambiente (Minam). También se han preparado diferentes mecanismos para poner a disposición la información ambiental y promover la participación ciudadana, señaló Juan Carlos Castro, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
En este sentido, la labor de la sociedad civil ha sido importante, ya que han venido promoviendo este tratado desde hace ocho años, resaltó César Gamboa, director ejecutivo de DAR. "Sigamos trabajando por el desarrollo sostenible, seguro y a largo plazo de nuestro país. El Acuerdo de Escazú permitirá reforzar la democracia ambiental en nuestro país”, dijo.
Es necesario que este tratado esté en la agenda del Parlamento, sostuvo la congresista Ana María Choquehuanca:
“La política no debe obstaculizar el desarrollo sostenible del país. Desde el Congreso no permitiremos que Perú quede rezagado en materia de protección al medio ambiente”, resaltó.
El expediente deberá pasar a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, encargada de la ratificación y finalmente pasará al Pleno, explica Omar Ortega del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Acuerdo de Escazú tiene como plazo para su ratificación hasta el 27 de setiembre de 2020. De ratificarse, Perú podría convertirse en los pioneros en protección a los derechos ambientales.
Este tema fue abordado en el “Foro Público: Promoviendo la ratificación del Acuerdo de Escazú”, organizado por DAR, World Resources Institute y el Principio 10 LAC (red regional, conformada por más de 30 organizaciones).
[Foto de portada: Melchora Surco, defensora ambiental en Espinar, zona minera / La República]
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