Cuando una mujer muere en Cuba pasa a engrosar una lista que las autoridades denominan simplemente “agresiones”. El concepto feminicidio no es reconocido por la legislación de un país en el que las cifras de violencia dan claras señales de alarma aunque se intente mantenerlas bajo un velo de secretismo y control estatal. 

El periodista Jorge Rodriguez Camejo, reconocido por sus investigaciones en la isla, se introdujo en el escenario del horror para obtener una mirada más precisa sobre estas muertes. El resultado de estas indagaciones mostró “secretismo en las estadísticas, investigaciones laxas, silencio cómplice e impunidad, mientras que las víctimas de violencia intrafamiliar se enfrentan a una nula protección policial y cero opciones de refugio”, dice el periodista en el reportaje que incluye cifras, testimonios y declaraciones de especialistas en la materia que confirman la gravedad de la situación.

Según el Anuario Estadístico de Salud, único medio para rescatar cifras sobre muertes de mujeres cubanas, entre el 2014 y el 2015 hubo 293 mujeres víctimas por “agresión” y 250 entre el 2016 y el 2017. A eso se añade el alto índice de muertes de mujeres “por accidente”, una categoría con una amplia gama de libre especulación que en el 2017 tuvo 329 víctimas, o “eventos de intenciones no determinadas” que entre el 2016 y el 2017 contabilizó 112 mujeres. Aunque no todos son feminicidios, hay un gris que preocupa.

Leydi Laura García Lugo, el primer rostro, de 21 años, realizaba el servicio rotativo como cualquier estudiante de cuarto año de estudios en Medicina. Pretendía llegar antes de mediodía a su hogar, pedía un aventón y nunca llegó, tras una búsqueda exhaustiva de tres días, finalmente, un cadáver fue hallado en una acequia al lado de la autopista nacional que une la región de Santa Clara con Ranchuelo. Fue reconocida por sus pantalones azules de médico, sus zapatillas deportivas y una blusa blanca.  Se convirtió en la única cara visible entre los asesinatos de mujeres en Cuba en el 2019. Asesinato para Cuba, feminicidio para el mundo.

El crimen tenía evidentes señales de extrema violencia, el cuerpo desanimado mostraba múltiples hematomas en la cara y el abdomen. El estado atroz en el que se encontraba Leydi Laura causó que las autoridades prohibieran a los padres ver a su hija muerta. En el documento que daba cuenta de la muerte se leía: "fallecida por estrangulamiento". No se habló de abuso sexual pero la duda inundaba el hecho.

Duda y silencio absoluto son precisamente las características que envuelven a la mayoría de feminicidios y abusos contra la mujer en ese país, según el periodista cubano. Probablemente, este no fue el primer caso, pero apoyados por el vacío legal que no tipifica el delito ni las autoridades policiales y tampoco por los tribunales pueden dar tratamiento adecuado a los casos de feminicidio, como dice en el reportaje la jurista Laritza Diversent, directora del centro de información legal (CubaLex): el feminicidio, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), está definido como el asesinato de una mujer por motivo de su género. Este término se menciona en susurros en la isla. Hablar de él puede traer consecuencias.

Las razones que alertan se acumulan. En setiembre del 2016, las oficinas de CubaLex en La Habana fueron allanadas por oficiales de la policía nacional. En la intervención se confiscaron equipos de trabajo, dispositivos electrónicos y aproximadamente 200 expedientes de mujeres asesoradas por la organización. Un abogado y un activista fueron arrestados en el allanamiento y, según el reporte, la violencia escaló a tal nivel que las mujeres fueron obligadas a desnudarse y ponerse en cuclillas. El Ministerio de Justicia justificó la irrupción bajo el cargo de “asociación ilícita”.

La mayor parte de países de la región cuenta con órganos legisladores que avanzan tomando en cuenta el enfoque de género y protección de la mujer. En cambio, en Cuba, la situación aparenta ir en dirección contraria.

Mientras la ceguera ideológica se mantiene, las mujeres siguen muriendo. Los investigadores del reportaje lograron conversar con un instructor de policía que se hace llamar “Luis Mario” (LM), un efectivo con más de 15 años de experiencia en procesos de investigación penal. Es la primera vez que accedió a hablar con prensa independiente, en un tema que califica como confidencial para el régimen.

LM, que afirmó no estar familiarizado con el concepto feminicidio, contó que “al menos una docena de sus casos encajan con la descripción”. El enfoque de género simplemente no existe en las investigaciones de crímenes a mujeres en Cuba, ni tampoco se realizan de manera íntegra. “Cerrarlos lo antes posible y sin levantar polvo”, de eso se trata, tan solo quieren identificar al culpable y encasillarlo como delito común.

Las fallas mencionadas en los procesos penales provocan que los feminicidios no reconocidos sean procesados como homicidio, lo que se sanciona con privación de libertad de entre 7 y 15 años. De acuerdo, con el informe publicado por Connectas, las sanciones por asesinato cambian ya que toman en cuenta agravantes como la premeditación, el sufrimiento de la víctima, la imposibilidad de defensa o relaciones conyugales; en estos casos, las sentencias son de entre 15 y 30 años.

Las condenas no son coherentes con la naturaleza del delito, que puede incluir maltrato, mutilaciones, entre otras acciones agravantes. Según el oficial de policía, el 90% de los casos de feminicidio venían acompañados de violencia familiar y en la mayoría existían denuncias previas.

La exjueza Dianelis Martínez explicó al periodista Rodríguez que las acciones penales deberían conducir a la reinserción social pero que en el caso cubano “acentúan la impunidad y condicionan los comportamientos violentos que desembocan en nuevos homicidios”.

“Aunque el homicidio en Cuba se sanciona con condenas de entre siete y quince años de privación de libertad. Con un buen comportamiento –entiéndase trabajar y participar en los planes de reeducación que auspicia el Departamento de Prisiones– cualquier recluso sancionado por este delito saldría en libertad condicional a los siete años, incluso menos”

Misleydis Gonzales Garcia, es un rostro más de la violencia y la inacción estatal. A diferencia de Leydi Laura, su caso no fue informado públicamente por las autoridades ni por la prensa. Así son cubiertos la gran mayoría de los feminicidios.

Con 47 años, era amarrada y golpeada constantemente, ya había presentado varias denuncias contra su conviviente, recibió un machetazo que la dejó lisiada. En sus últimos días se refugió en casa de una amiga, pidió protección a las autoridades una última vez sin respuesta alguna, hasta que llegó el día de su asesinato.

Este crimen del 2017 salió a la luz gracias a la revista feminista independiente “Alas Tensas”, cuya directora tuvo que exiliarse junto a su hijo por el hostigamiento policial que recibió tras hacer visible el caso.

Violencia de agentes policiales contra mujeres defensoras de derechos humanos, técnicas de desnudos, cadáveres abandonados en descampados, persecución del sistema penal y judicial contra la mujer, ausencia de castigos coherentes. Ese es el resumen de la violencia multiplicada 

“No puedes ver de forma diferente la violencia intrafamiliar, a la que ejerce el Estado contra las mujeres y si de una forma u otra estimula esa violencia”, dice la especialista Laritza Diversent.

Este fenómeno, que está presente en la mayoría de provincias cubanas, se caracteriza por un “ocultismo sistemático de violencia de género y feminicidios”, expone a las víctimas a una vulnerabilidad aún más extrema se enfrenta al cuidado obsesivo de las autoridades para preservar la ya debilitada imagen de un régimen atrapado en el pasado. 

Según reportes del portal de ABC, en marzo de este año, el periodista que realizó este reportaje,  desapareció por casi un día. Viajaba en autobús con dirección a las afueras de La Habana para continuar con sus investigaciones cuando su transporte fue detenido por un control policial. Una situación que se replica en muchos casos de periodistas independientes que representan una amenaza para el régimen cubano y suelen ser advertidos ( por no decir  hostigados) con sanciones existentes en el código penal (desde seis meses a tres años). 

Los investigadores como Rodríguez Camejo y los involucrados en estos proyectos se exponen a penas severas tras indagar estadísticas o procesos sobre asesinatos y feminicidios. Existe un artículo que castiga "a quien conozca algún secreto administrativo, por haberlo indagado, obtenido de manera ilícita o por utilizarlo para beneficio propio". Los archivos sobre abusos a mujeres son información clasificada y restringida. Pero la verdad siempre termina por abrirse paso.

Ilustraciones: JUAN CARLOS HERNÁNDEZ / CONNECTAS