Nuevo blindaje. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso aprobó el informe de su secretaría técnica que declara improcedente el pedido del Poder Judicial para levantarle el fuero a la congresista fujimorista Betty Ananculi, quien es acusada de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en agravio del Estado, por consignar información "parcialmente falsa" sobre sus estudios en su declaración jurada de hoja de vida. 

La decisión se adoptó con cinco votos a favor (del fujimorismo), cuatro en contra y una abstención. 

Así, el grupo de trabajo que preside la congresista aprista Luciana León dispuso el archivamiento de la solicitud remitida por el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, debido a que habría una "motivación política" en la denuncia contra la fujimorista por parte del entorno de la accesitaria de Ananculí.

“Existe persecución desde hace tres años en contra de la congresista [Ananculí] con denuncias penales, administrativas ante el JEE-Ica y 3 denuncias archivadas en la Comisión de Ética, por los mismos hechos, por las mismas personas, contra la misma congresista, con la finalidad de favorecer a la accesitaria congresal”, señala el predictamen.

El documento refiere que también está comprobado que la denunciante, Nélida Tasaico Castillo, es madre de Wilmer Fabricio Castillo Tasaico, “quien a su vez habría participado, según la defensa de Ananculí, como jefe de campaña de la accesitaria al Congreso, quien asumiría la representación política en cuanto se descalifique a la actual congresista”.

Finalmente, la Secretaría Técnica de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria manifestó que era “evidente la participación inicial de la señora Tasaico”, madre del jefe de campaña de la accesitaria de la fujimorista. Asimismo, de que las motivaciones políticas “fueron puestas de manifiesto en el primer pedido de levantamiento de inmunidad de proceso” en contra de la parlamentaria.

Betty Ananculí es investigada por el Ministerio Público por haber consignado presunta información “parcialmente falsa” sobre sus estudios en su declaración jurada de hoja de vida cuando se presentó como candidata a regidora provincial de Ica en el 2014 y cuando postuló al Congreso en el 2016. 

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