La situación del del alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex Gonzales, se puede complicar luego de que quedara en evidencia que mintió, al negar que Gustavo Sierra Ortiz, detenido la semana pasada en flagrancia, cuando cobraba una coima a un empresario, sea su asesor, porque no tiene contrato ni resolución como tal con la comuna.
La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima ya pidió nueve meses de prisión preventiva para Sierra, quien negociaba un soborno para cambiar una zonificación en Canto Grande con el objetivo de que se construya un centro comercial. Lo hacia a nombre del alcalde Gonzales, según la Policía, que tiene pruebas de ello.
El lunes, el burgomaestre insistió en negar que Sierra se haya desempeñado como su asesor, al alegar que no hay que un documento formal que lo sustente, aunque admitió que sí tenía cercanía con él. "Eso se cortó tras la detención y no podemos involucrar a un alcalde porque se tiene un grado de amistad. Vamos a dar las facilidades al Ministerio Público para que investigue", anotó.
Gonzales sostuvo además que los cambios de zonificación son una facultad de la Municipalidad de Lima, por lo que no se explica cómo Sierra negoció algo que no podía hacer, por lo que cree que su negado asesor lo que hizo fue "fanfarronear".
Pero la coartada del alcalde Gonzales quedó sin piso, porque reportes de ingresos a instituciones como la PCM y Defensoría del Pueblo, muestran que Sierra ingresó a esas dependencia junto con el burgomaestr en calidad de asesor.
Los investigadores de la Policía también tienen evidencias gráficas de la presencia de Sierra en las actividades de Gonzales, testimonios de regidores y exfuncionarios que aseguran haber compartido jornadas de trabajo y reuniones con el asesor en las sombras del alcalde.
Incluso, el regidor Peter Conislla dijo en La República que Sierra estaba presente en todas las sesiones de concejo y al inicio de la gestión de Gonzales, estuvo a cargo del proceso de transferencia, por lo que considera insólito que ahora el alcalde lo trate de negar.
Y Sierra no sería el único personaje cercano a Gonzales que cumple funciones sin tener un vínculo formal con el municipio de San Juan de Lurigancho. Flor de María Hurtado Valdez, pareja del alcalde, tampoco tiene contrato o resolución laboral con la comuna, pero "hace y deshace en esa entidad", dijo Conislla. Gonzales alegó que su pareja desde hace 27 años lo acompaña en su gestión en el comité de Damas y realizando obras sociales.
Están alertas
Aunque Gonzales lo niegue, los vecinos del cuadrante que comprende las avenidas Canto Grande, El Bosque, Del Parque y Próceres estaban al tanto de la pretensión del alcalde de cambiar la zonificación del Parque 14-A para la construcción de un centro comercial. Así lo hicieron saber en un documento enviado a la comuna el 10 de junio, antes de la detención de Sierra.
De hecho, la representante de los vecinos, María Ortiz, dijo que quien realizaba las conversaciones con la empresa y con los residentes de las zonas que colindan con el parque era Gustavo Sierra, quien se presentaba como asesor del alcalde y por ende su representante.
Los vecinos también denunciaron en el memorial que la empresa Bairiki, la que pretende construir un centro comercial, adquirió los terrenos de más de 100 mil metros cuadrados en la zona por US$ 1'817,550, a razón de U$ 23.10 y US$ 35.97 el metro cuadrado, cuando su precio real oscila entre US$ 1,500 y US$ 2,000 el metro cuadrado.
"Ahora queda claro que Gustavo Sierra es el hombre que mueve los hilos de las negociaciones que se hacen en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho con grandes empresas, como Baikiri. La Policía y el Ministerio Público tienen que profundizar las investigaciones para determinar cuál es el papel del alcalde Gonzales en los negociados", remarcó la señora Ortiz.
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