Una nueva arremetida en contra de las libertades y sus defensoras llega esta vez en forma de una demanda que ha sido admitida por el Poder Judicial. La autoría es de el Instituto Jurídico Tomás Moro que ha puesto en marcha los mecanismos judiciales en contra de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir Perú bajo una poco sólida argumentación de abuso de derecho.  

La respuesta de las afectadas ha sido contundente. Carlos Rivera, coordinador del área legal del IDL, se pronunció esta mañana en conferencia de prensa para denunciar que lo que muestra la realidad es una campaña de parte de los sectores más fundamentalistas que pretenden utilizar al sistema judicial como un método de represión y persecución contra quienes piensan diferente.

“El Instituto Jurídico Tomás Moro dice que se ha constituido la asociación burlando la buena fé. Que hay un acto de mala fe en la utilización del nombre católicas y, por lo tanto se ha incurrido en el abuso del derecho que debe ser sancionado. Por ello, piden la anulación de la inscripción registral”, dijo el abogado que representa a la organización feminista dedicada a la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género.

Por su parte, Lorena Cano, Fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, resaltó que este grupo integrado por mujeres con identidad católica y feminista busca una ciudadanía en base al diálogo y rechazó cualquier vínculo, apoyo o beneficio de la Iglesia que las haga parte de una estructura sujeta al derecho canónico. 

“Nosotras no nos encontramos registradas como asociación de fieles por lo tanto el Tratado entre el Vaticano y el Estado peruano no nos toca. No gozamos de la subvención estatal, ni de la exoneración de los beneficios tributarios con los que sí cuentan estas organizaciones religiosas”, aclaró.

Rivera, por su parte, agregó que, Católicas por el Derecho a Decidir es una asociación civil sin fines de lucro que ha pasado por todos los controles legales para constituirse como tal. Por lo tanto, no hay un argumento jurídico que ampare la demanda.

“Esta demanda no tiene argumento fáctico afectando el derecho a la libertad de expresión y a la igualdad”, sostuvo Carlos Rivera. La afectación al derecho a la igualdad ante la ley se da por el hecho de que según la defensa, existen 420 asociaciones inscritas con el nombre de católicas, pero solamente a “Católicas por el Derecho de Decidir, se les está colocando una demanda. “Lo que nos está sucediendo ahora no es gratuito, quieren disolvernos y esto afecta todo tipo de derechos a decir libremente y con respeto nuestras ideas y no por ello ser excluidas”, agregó Lorena.

Ana María Vidal, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) mostró su preocupación frente al caso refiriéndose a este acto como un ataque del fundamentalismo antiderechos que utiliza la religión, es cual aparece como una tendencia regional y mundial contra el derecho a la igualdad de género.

“Estos procesos judiciales duran años y lo que buscan es cerrar la institución a través de la criminalización, atacando a las defensoras de derechos humanos que buscan una vida libre de violencia contra las mujeres”, dijo.

En un escenario tan necesitado de pensamiento crítico y debate con argumentos sólidos, acciones como la planteada revelan el temor y nerviosismo de un sector que antes quiso eliminar el enfoque de género en la currícula escolar y ahora se ampara en los resquicios de la ley para amenazar y cortar el avance de los derechos de las mujeres. Esa tarea de reconocimiento y reivindicación que tanto ha costado no se puede detener. Ahora le toca al Poder Judicial cumplir la suya.