El Poder Ejecutivo observó este martes la autógrafa de la ley que propone la creación del colegio de politólogos, proyecto del parlamentario de Fuerza Popular Miguel Elías Ávalos que fue aprobada por el Pleno del Congreso el pasado 15 de mayo. El oficio, que lleva a firma del presidente Martín Vizcarra y del primer ministro Salvador del Solar, señala que la norma aprobada tiene un carácter “restrictivo” y que es “inconstitucional” debido a que el artículo 2 establece la colegiación como “requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de licenciado en ciencia política”. 

"Se tiene que el artículo 2 de la autógrafa establece que la colegiación es un requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de licenciado en ciencia política, lo cual constituiría un requisito de carácter inconstitucional", sostiene el documento.

El Gobierno también argumentó que la autógrafa contraviene el artículo 20 de la Constitución, el cual señala que mediante ley se puede “establecer los casos en que la colegiación es obligatoria”, siempre y cuando el parlamentario que propone la norma “justifique la necesidad” de que la colegiación sea “una conditio sine qua non para el ejercicio regular” de la profesión.

"El artículo 20 de la Constitución establece que mediante ley se puede establecer los casos en que la colegiación es obligatoria [...] Se debe exigir al legislador el sustento que justifique la necesidad que en determinadas carreras profesionales la colegiación sea una conditio sine qua non para el ejercicio regular", señala el documento.

En este punto, el Ejecutivo indicó que la autógrafa de la ley que crea el colegio de politólogos no sustenta la necesidad de dicha obligatoriedad, lo cual afecta el artículo 26 de la Constitución, el cual alude al respeto de “la igualdad de oportunidades sin discriminación” en el ámbito laboral. "La autógrafa genera barreras de entrada para el ejercicio de la profesión, encareciendo a los proveedores (servicios profesionales de los politólogos) la posibilidad de participar en el mercado", sustenta la observación.

El Ejecutivo también cuestionó que la ley en mención atentaría contra la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento, a causa de que esta sostiene en su exposición de motivos lo siguiente: "Se puede advertir que, en ese aspecto, la cuestionada ley podría vulnerar directamente el derecho a la libertad de opinión, toda vez que limita a los actores políticos y sociales -no profesionales en ciencia política- a brindar un análisis u opinión de un tema de realidad política", indica.

Finalmente, el Ejecutivo advirtió que la ley caería en un conflicto de intereses, considerando que propone la creación de una comisión organizadora del colegio de politólogos que sería integrada por representantes de cuatro universidades con sede en Lima y presidida por un representante de la Asociación Nacional de Politólogos. Para el Gobierno, de aceptarse de esta manera, se estaría excluyendo "a las demás universidades a nivel nacional que cuentan con escuelas y facultades de ciencias políticas", hecho que transgrediría el principio de pluralidad y descentralización.

(Foto de cabecera: Andina)

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