La ola migratoria venezolana está teniendo impactos económicos y sociales en el Perú. Así como hay mayor número de consumidores, también hay mayor mano de obra. Sin embargo, el problema está cuando algunas malas empresas se aprovechan de la necesidad de estos extranjeros y de su situación de informalidad para pagar salarios menores. Es decir, cuando empleadores reemplazan peruanos por extranjeros "más baratos". En estos casos, se está violando los derechos de ambos trabajadores. Por ello, a fines de mayo, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, anunció que las empresas que realicen estas prácticas serán multadas por incurrir en discriminación.
"Lo que tenemos que preservar es que nadie se aproveche del estado de necesidad de los ciudadanos venezolanos siendo contratados por menos precio, mejor dicho, menor salario, menor remuneración, desplazando de esa manera, de manera discriminatoria, a trabajadores peruanos", afirmó, según cita el diario Gestión.
La ministra citó el reglamento de la Ley General de Inspección Laboral, documento en el que la discriminación está considerada como una "falta muy grave".
"Una vez detectada esa situación, cualquier persona que se ve afectada por discriminación tiene que denunciar a la inspección de trabajo a fin de que se desplacen los inspectores, verifiquen que hay discriminación e impongan la sanción correspondiente", agregó Cáceres.
Las empresas en las que se pruebe esta práctica serán castigadas con multas que van desde 9 mil hasta 186 mil soles.
Además, el último viernes la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) precisó que una empresa no debe tener más de 20% de extranjeros como trabajadores. Esta decisión va en la línea del Gobierno peruano de exigir requisitos migratorias para el ingreso de venezolanos.
Pero, ¿qué capacidad tiene la Sunafil para cumplir con este plan? ¿Cuántos inspectores se necesitan? Cuando ocurrió el lamentable incendio en Las Malvinas (donde murieron trabajadores encerrados), hablamos con el Sindicato de la Sunafil y nos informó que solo habían alrededor de 400 inspectores a nivel nacional y que, para cumplir de manera efectiva sus funciones, se necesitarían aproximadamente 2,000 inspectores. Actualmente, el número ha aumentado, pero no supera los 700.
Precisamente cuando ocurrió la tragedia de Las Malvinas, Sylvia Cáceres, ahora ministra, era Jefa de la Sunafil y justificó la desactivación de un plan de fiscalización laboral basado en la sectorización por manzanas a nivel distrital.
"La evidencia arrojó que cuando un inspector de trabajo, iba puerta a puerta y se encontraba con una micro empresa, el inspector le terminaba diciendo al empresario que no podía fiscalizarlo porque no tenía competencia y pasaba a la otra empresa de al lado que sí era mediana o gran empresa. Y eso generaba no solo dispendio de recursos innecesarios, sino además una señal de impunidad y de total desprotección a ese trabajador ", afirmó.
Sin embargo, en un video institucional de Sunafil se señalaba que el plan estaba dirigido a las micro y pequeñas empresas.
