El Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) sancionó a Telefónica del Perú con la prohibición, por seis meses, para contratar con el Estado, según una resolución en última instancia que aún no es pública, pero que la propia empresa de capitales españoles confirmó en un comunicado, en el que subraya que seguirá prestando con normalidad los servicios contratados conforme a los términos pactados con sus clientes del sector público.

Como la medida administrativa no es retroactiva, implica que ninguna empresa del grupo podrá postular en futuros concursos públicos para contratar con municipios, gobiernos regionales, ministerios o empresas estatales durante los próximos seis meses.

Por su lado, Telefónica anunció acciones legales para revertir la sanción. "La empresa lamenta que temas de forma, sin debido sustento y con ausencia de gradualidad y proporcionalidad, hayan llevado a que el OSCE haya aplicado una sanción tan gravosa", se lee en comunicado de Telefónica del Perú que cita Gestión.

La compañía advirtió que la inhabilitación temporal para contratar con el Estado peruano afecta la pluralidad y la competitividad de las licitaciones públicas en materia de conectividad, tecnología y la propia transformación digital del aparato estatal.

"Solo entre el 2017 y lo que va del 2019, la participación de Telefónica en concursos públicos del Estado ha contribuido con un ahorro de más de 30% por debajo de los precios base de referencia, lo que ha significado aproximadamente S/ 200 millones de ahorro para el Estado peruano".

Según datos oficiales que cita El Comercio, en 2018, las ventas de Telefónica al Estado fueron de S/287 millones, de un total  S/8.096 millones, lo que equivale a un 3,5% de los ingresos de la compañía.

Pero hay otro dato a tener en cuenta: Telefónica es el mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones al Estado. Por ejemplo, la empresa ganó en 2017 el 63% de los concurso públicos (174 de 275 procesos) en los que participó, por un total de S/186 millones. 

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