El Poder Judicial aprobó este lunes la inclusión de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, a cargo de Jorge Ramírez, como actor civil en el caso del empresario Gonzalo Monteverde, sindicado por el Ministerio Público de ser el operador financiero de los pagos ilícitos de Odebrecht en Perú, y otras cuatro personas más: su esposa María Carmona, Jorge Salinas (actualmente prófugos de la justicia junto a Monteverde), Marcionila Cardoso y Javier Ángeles.

Luego de aprobadas sus facultades en el caso, Ramírez, quien jugó un papel activo en la firma del acuerdo de colaboración con la constructora Odebrecht junto a la Fiscalía y representantes de la empresa en febrero pasado, solicitó de manera preliminar que se pague al Estado un monto de US$49 millones como reparación civil en el marco de la investigación que se le sigue a Monteverde y a sus socios por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Este monto propuesto por los presuntos hechos delictivos deberá ser analizado y definido por el Poder Judicial al final del proceso. Anteriormente fue el juez Jorge Chávez Tamariz quien aprobó que la Procuraduría ad hoc esté incluida en el caso como representante de los intereses del Estado. 

Según el Equipo Especial Lava Jato, Monteverde usó alrededor de 13 empresas, entre el 2007 y 2015, para "blanquear" alrededor de US$29 millones de la empresa Odebrecht. Dos de estas personas jurídicas constituidas, Constructora Área SAC y Construmaq SA, fueron las que tuvieron mayor actividad con otras relacionadas a la empresa brasileña.  

Niegan devolver sus bienes

La Sala de Apelaciones confirmó una resolución que rechazaba el pedido del abogado de Monteverde para que se le devuelva distintos bienes incautados en el allanamiento realizado al domicilio del empresario el pasado 23 de febrero.  En esa diligencia, se lograron obtener un CPU de marca LG conla inscripción "Avatec", un monitor, teclado y mouse de marca Apple. 

De esta manera, el abogado Marlon Martínez Andrade solicitó un reexamen en abril último, así como la devolución de estos bienes, al alegar que en el primer piso del domicilio estaba su oficina y que el material era suyo, no de Monteverde. Martínez informó que uno de los dos ambientes de la casa del empresario, ubicado en la Av. Lima Polo N° 2729, pertenecía al estudio jurídico de Martínez Andrade. 

Sin embargo, el fiscal superior adjunto Rafael Flores Mego, quien el último 16 de mayo asistió a esta audiencia en apoyo del Equipo Especial Lava Jato, indicó, en primer lugar, que Marlon Martínez estuvo presente el día del allanamiento y que en la incautación, en ningún momento comunicó a los agentes de que se trataba de una oficina suya o que los materiales eran de su propiedad.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó en febrero de este año la medida de prisión preventiva por 36 meses contra Gonzalo Monteverde, su esposa María Carmona y su socio Jorge Salinas, a pedido del fiscal José Domingo Pérez. No obstante, los tres permanecen como no habidos ante la justicia.

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