La salud mental es clave para el bienestar de las personas. En el Perú, la situación es crítica. Según cifras publicadas por el Ministerio de Salud (Minsa) en el 2018, los trastornos mentales son la primera causa de años de vida perdidos, más de 4 millones de peruanos tienen algún problema de salud mental y el 80% de estos no recibe atención profesional.
Por ello, la Ley de Salud Mental (Ley Nº 30947), promulgada por el Ejecutivo el 23 de mayo pasado, es un avance para mejorar la atención de los pacientes de salud mental e ir resolviendo problemas como el bullying (violencia escolar) que se manifiestan en expresiones racistas, machistas y homofóbicas, por ejemplo.
La norma promulgada dice tener el objetivo de:
"Establecer el marco legal para garantizar el acceso a los servicios, la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental, como condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud y el bienestar de la persona, la familia y la comunidad".
Y resalta que se considerará "el modelo de atención comunitaria, así como el respeto ineludible a los derechos humanos y dignidad de la persona, sin discriminación, y el abordaje intercultural, que erradique la estigmatización de las personas con problemas en su salud mental".
Uno de los principales problemas para acceder a una atención de salud mental es el aspecto económico. Por ello, esta ley establece que las personas en condición de pobreza o pobreza extrema que sufran algún tipo de afección mental y no cuenten con seguros serán incluidas en el Seguro Integral de Salud (SIS). Además, los seguros de salud públicos y privados deberán cubrir este tipo de atención dentro de sus planes, incluyendo tratamiento ambulatorio u hospitalización, así como acceso a medicamentos. Las compañías privadas de seguros estarán obligadas a brindar cobertura para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes.
Sin embargo, esta norma presenta un problema. ¿Quiénes deberían ser los profesionales que atiendan a los pacientes en salud mental? Los especialistas en el tema son psiquiatras y psicólogos, pero la ley ha excluido a estos últimos. En su Artículo 25 sobre 'Competencia para el diagnóstico', se lee:
"El diagnóstico y la determinación de la existencia de un problema de salud mental se realizan por médico psiquiatra colegiado con apoyo técnico del equipo de salud mental; y, en ausencia de este, por médico cirujano colegiado, de acuerdo a las normas técnicas aceptadas internacionalmente".
En este sentido, debemos tomar en cuenta lo que dice la Ley del Trabajo del Psicólogo (Ley N° 28369), que sobre la profesión señala:
"El psicólogo es el profesional de la conducta humana con competencias en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud mental de la persona humana, la familia, la comunidad en el ámbito psico-social".
Actualmente, hay un aproximado de 30 mil psicólogos colegiados en el país, pero la población peruana supera los 32 millones de habitantes. Al respecto, el decano de la Facultad de Psicología de San Marcos, Alberto Quintana Peña, señaló a la agencia estatal Andina, que "hay mucha necesidad de psicólogos" y lamentó que debido a este déficit "hay profesionales de otras áreas que tratan de cubrir, pero muchas veces no se hace de la manera adecuada".
Por ello, se entiende la protesta del Colegio de Psicólogos del Perú (CPsP), cuyo decano, Luis Pérez Flores, denunció que esta ley ha sido promulgada "a espaldas" del gremio. Recordó que le envió un oficio al presidente Martín Vizcarra pidiéndole que observe esta norma. Señaló también que en el Artículo 35 de la Ley de Salud Mental solo se promueve la creación de vacantes para el residentado de psiquiatría, y no de psicología. El decano anunció que presentará una serie de medidas para corregir este error en la ley, como una demanda de inconstitucionalidad y una marcha exigiendo respeto a su trabajo.
[Foto de portada: Andina]
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