Tras blindaje fujiaprista al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry , la Comisión Permanente también rechazó la acusación constitucional contra el fiscal supremo Tomás Gálvez por el delito de organización criminal con 15 votos en contra y 5 a favor. Luego hizo lo propio por el delito de tráfico de influencias, fue rechazado por 15 votos en contra 6 a favor y 4 abstenciones. Asimismo se rechazó el delito de omisión de denuncia con 15 votos a favor 6 en contra y 4 abstenciones.  

La Comisión Permanente también votó en contra de la destitución e inhabilitación por 10 años de Tomás Gálvez con 16 votos en contra, 6 a favor y 3 abstenciones.Tras realizar las mismas consultas realizadas sobre el extitular del Ministerio Público, finalmente de decidió que el fiscal supremo, también vinculado con la organización 'Los Cuellos Blancos del Puerto', no será investigado por ningún cargo ni será destituido.

Durante su exposición en el Congreso, Gálvez rechazó la denuncia constitucional formulada en al informe final del congresista Juan Sheput,argumentando que se ha manipulado los testimonios de los colaboradores eficaces y testigos protegidos del Ministerio Público sobre la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Haciendo ejercicio de su derecho de defensa,  afirmó que existen “ciertos interesados” en que se aparte a quienes resultan incómodos en la fiscalía. 

“Con mucha pena lo digo desde el interior de la administración de justicia puesto que soy un fiscal supremo. En estos días se están manipulando las versiones de los colaboradores eficaces y los testigos, especialmente de los testigos protegidos. Repito, se está manipulando las versiones de los colaboradores eficaces”, aseguró el fiscal supremo.

“Hay ciertos interesados en que se investigue, se sancione y se desactive a determinadas personas que les son incómodas y naturalmente que yo en la Junta de Fiscales Supremos soy totalmente incómodo para ciertos fiscales, especialmente para el señor Pablo Sánchez”, agregó.

El texto de Juan Sheput recomendaba su destitución e inhabilitación por 10 años por infracción al artículo 158 de la Constitución Política.

(Foto de cabecera: Congreso)

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