Rompió su silencio. La excongreista y ministra de la Mujer, Anel Townsend, se pronunció después de varios días para aclarar la función que desempeñó en la campaña por el 'No' a la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán, para quien dictaron 18 meses de prisión preventiva por la presunta recepción de dinero ilícito de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS

"No tuve ninguna participación en la recaudación de fondos, ni en la contratación de publicidad radial, televisada, impresa, de paneles o de cualquier índole", aseguró en un comunicado que difundió a través de su cuenta de Facebook.

La exvocera del 'No' a la revocatoria mencionó que en el 2017 declaró ante la fiscalía que durante la organización para la consulta popular se le informó que la Asociación de Amigos de Lima Metropolitana "estaba a cargo de la recaudación de fondos" para la campaña.También recordó que para el desarrollo de sus actividades de vocera se le asignó “una pequeña suma que cubrían los gastos de movilidad, viáticos y otros, que eran cubiertos con fondospor la organización antes mencionada.

"Para el desarrollo de mis actividades de vocera, se asignaba una pequeña suma de dinero que cubrían los gastos de movilidad, viáticos y otros, los que eran cubiertos con fondos de la Asociación de Amigos de Lima Metropolitana", afirmó.

Townsend precisó en su mensaje que en la campaña contra la revocatoria participaron muchas organizaciones sociales políticas gremiales y de base, así como líderes de opinión y reconocidos artistas, quienes ‒aseguró‒ "apoyaron por convicción" y de "forma voluntaria en diversas actividades".

"Lamento y reitero mi profunda decepción que la campaña del No a la revocatoria realizada en el 2013, se haya visto afectada por actos ilícitos y contrarios a la ley", agregó la excongresista.

Susana Villarán reconoció el fin de semana pasada que siempre supo de los aportes de Odebrecht y OAS para su campaña de la no revocatoria. Estas declaraciones las dio dos días antes de la audiencia en la que se vería el pedido de prisión preventiva en su contra. La fiscalía sostiene que se habrían recibido US$10 millones, 4 de ellos para la campaña de la reelección. Confirmó que su exgerente municipal José Miguel Castro, quien también conocía de la recepción del dinero ilícito. Por estos hechos, la exalcaldesa es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos. 

(Foto de cabecera: La República)

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