El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció este miércoles que ha convocado a una sesión de concejo extraordinaria para evaluar una posible anulación de los peajes de Lima, que fueron firmados en el marco de los proyectos Rutas de Lima y Línea Amarilla, a cargo de Odebrecht y OAS, respectivamente. 

El alcalde afirmó que no quiere ningún peaje manchado por la corrupción, en clara aluysión a los contratos firmados con OAS y Odebrecht durante la gestión de Susana Villarán, quien hoy cumple 18 meses de prisión por recibir más de US$10 millones de ambas empresas para sus campañas, tanto a la del No a la revocatoria en 2013 como a la de su fallida reelección del 2014. 

El exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confesó en su último interrogatorio en Curitiba, Brasil, que la empresa decidió apoyar con US$3 millones la campaña del No porque pretendía quedarse 30 años con la concesión de Rutas de Lima y no querían poner en riesgo ese proyecto en caso Villarán fuera revocada del sillón municipal.

"No quiero ningún peaje manchado por la corrupción. Esto lo tenemos muy claro y estamos en ese proceso. Hoy se convoca al concejo para la debida evaluación y la toma de decisiones del caso", declaró Muñoz Wells desde San Juan de Lurigancho, donde inspeccionó el inicio de obras en la avenida Malecón Checa, ex Campoy.

El alcalde adelantó que espera un consenso sobre el tema entre las diferentes bancadas del Concejo Metropolitano. "Va más allá de los colores partidarios, lo tenemos que ver como una unidad. Lo que queremos es que los ciudadanos tengan obras que no estén manchadas por la corrupción", agregó. 

En la previa, el alcalde de Lima afirmó que los peajes de Rutas de Lima y Línea Amarilla "son herencias pesadas" de las gestiones predecesoras y que ambos tienen arbitrajes internacionales para resolver diversas controversias. "Son herencias pesadas. En ambos peajes, Rutas de Lima y Línea Amarilla, tenemos arbitrajes internacionales. Tenemos situaciones que la sociedad siente que no están siendo bien atendidas", señaló en RPP Noticias. 

Explicó que en el caso de Rutas de Lima, firmado inicialmente por Odebrecht, hay un arbitraje en Washington, Estados Unidos, para que la Municipalidad de Lima le pague S/1,295'005,473.58 por el incumplimiento del cobro del peaje de la caseta del Peaje Chillón, en el distrito de Puente Piedra, que fue retirada por la comuna capitalina en 2017 tras protestas de vecinos de la zona.  

Asimismo, el peaje de Línea Amarilla tiene un arbitraje en París, Francia, para discutir la "estructura de los costos para que se pueda cobrar el peaje que se tiene ahí". "Entonces son cosas muy serias, porque detrás de algo que puede parecer muy simple, hay también indemnizaciones de por medio", agregó.

El regidor de Podemos Perú Raúl Aguilar anunció en su cuenta de Twitter que propondrá al alcalde Jorge Muñoz "la conformación inmediata de una comisión especial de regidores para buscar la RESOLUCIÓN unilateral de contratos de concesión y peajes de Línea Amarilla y Rutas de Lima. OAS y Odebretch ya reconocieron pagos ilícitos".

Según el regidor, la comuna limeña está en capacidad de resolver unilateralmente contratos de concesión y peajes, y sus modificaciones, producto de actos ilícitos, apoyándose en lo establecido en el numeral 4 del artículo 10 de la ley 27444. 

Peajes a favor de los brasileños

En el 2009, el entonces alcalde Luis Castañeda firmó el contrato para adjudicar la concesión Línea Amarilla-Lamsac a la empresa brasileña OAS, por un monto de inversión de US$600 millones. En ese momento la concesión era por 30 años y la empresa tenía derecho al cobro de los peajes en la Vía de Evitamiento, entre el Trébol de Javier Prado y el óvalo Hábich, con la posibilidad de una actualización tarifaria anual.

En el 2011, con su sucesora, Susana Villarán, se firmaron adendas con esa constructora y el proyecto cambió de nombre a Vía Parque Rímac, se incluyó el proyecto Río Verde y se amplió la concesión a 40 años. Cuatro años más tarde, nuevamente con Castañeda, se regresa al proyecto Línea Amarilla. En agosto del 2016, OAS vendió la administración a la empresa francesa Vinci Highways que tiene a su cargo la concesión. 

En el 2012, durante la gestión de Villarán, se firmó con el consorcio Rutas de Lima, cuyo socio mayoritario era Odebrecht, el contrato para el proyecto denominado Vías Nuevas de Lima, el cual contemplaba un segundo peaje en Chillón. Pero este fue anulado tras las protestas registradas en Lima Norte en enero de 2017. Ese mismo año, la canadiense Brookfield Infrastructure Partners compró el 56% de la participación de Odebrecht en el proyecto.

(Foto de cabecera: Andina)

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