Vanessa Gómez Cuevas es peruana de nacimiento, tiene 33 años y es madre de tres hijos, pero hoy se encuentra solo en compañía del más pequeño pues los dos mayores están a miles de kilómetros lejos de ella por disposición de la justicia argentina.

El pasado febrero, Gómez Cueva fue sacada de su casa en La Plata, según cuenta ella misma, con engaños, para encerrarla en un calabozo por tres días para luego meterla a un avión y expulsarla del país. Apenas puedo lograr irse con su hijo más chico, mientras que los otros de 14 y 6 años estaban fuera. No le permitieron despedirse de ellos ni sacar algunas de sus pertenencias.

En 2011, esta compatriota fue detenida en el Aeropuerto de Ezeiza en la capital argentina intentando ingresar droga, siendo utilizada como 'mula' (término en la jerga argentina para referirse a quienes cometen este tipo de actos) por un clan de narcotráfico. Se le condenó a cuatro años de prisión efectiva pero se le concedió la prisión domiciliaria al salir embarazada. 

Tras cumplir la totalidad de su condena, Vanessa estudió y se hizo enfermera, logrando reinsertarse en la sociedad (fin de todo sistema penitenciario alrededor del planeta) al conseguir un trabajo como cuidadora de ancianos. Hoy su día a día estaba marcado por su empleo y el cuidado de sus niños sin mayores preocupaciones. No había reincidido y había logrado establecer una nueva vida para ella y su familia en el país donde reside desde los 15 años.

En 2015, sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones inició el trámite para lograr su expulsión cayendo en una serie de irregularidades que han llamado la atención de organizaciones internacionales desde el primer minuto, convirtiéndose hoy en un símbolo de la defensa de los inmigrantes.

Además de la forma sorpresiva y poco considerada en que fue sacada de su casa con el fin de llevarla hasta un avión que la sacara de territorio argentino, quienes defienden el caso de la madre enfermera señalan que nunca se explicó las razones por las cuales se le obligó a salir del país.

"No se entiende. Vanessa es una persona que nunca reincidió. Estudió y cumplió con la condena. En su momento firmó el acuerdo de juicio abreviado mal asesorada. A ella la detuvieron por tenencia de droga. La arrestaron sólo por unos gramos. Además, sus tres hijos son argentinos. Su vida está en este país", explicó a la prensa hace poco Martín Villanueva, su abogado.

Durante el proceso de expulsión, Vanessa se quedó sin abogado y pese a que según la ley argentina se le debió haber asignado una defensa oficial, esto nunca ocurrió. Cuando la suerte estaba echada por la vía judicial, nadie se percató que la decisión se basó en un error, pues figuraba en los expedientes como si hubiera cometido un delito de prostitución, proxenetismo o trata de personas, señalando además que pedía quedarse en la Argentina por un supuesto "cónyuge nacional"  y no por sus tres hijos.

Por si fuera poco, en el año 2016 se le notificó sobre la expulsión en un domicilio en el que ella ya no residía, y por lo tanto nunca supo de tal decisión. Para la justicia argentina, sin embargo, esto no suponía una irregularidad y dieron por hecho que se le había informado, pese a tener en su poder elementos que podrían haberles hecho contar con la certeza, como su teléfono o correo electrónico.

Campaña internacional

Mientras Vanessa se encuentra con las manos prácticamente atada en la vivienda de su hermano en Lima, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos tomaron su caso para buscar una solución que no perjudique sobre todo a los más pequeños.

Este miércoles la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le exijan al Gobierno de Mauricio Macri que permita su reingreso. 

Se trata de una medida "a favor de la mujer y sus hijos con el objetivo de evitar el daño irreparable a sus derechos a la integridad y a la protección de la familia y al derecho a la identidad de los niños, producto de la grave situación y urgente que enfrentan a causa de la expulsión y la separación de la familia", señaló el abogado de Vanessa.


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