¿Por qué tantos cambios y tan pocas mejoras? Es la pregunta que se intenta responder desde hace décadas con respecto a la reforma de justicia en el Perú. El Dr. Luis Pásara, especialista en temas de reforma de Justicia inició la conversación contextualizando la situación de corrupción y fallas judiciales evidenciadas por los audios filtrados de el Consejo Nacional de la Magistratura, también sobre la antigüedad que tienen los intentos de reforma: 49 años de procesos prácticamente fallidos.  

Pásara indicó que son cinco los problemas eje o retos que se enfrentan para alcanzar un verdadero cambio en el sistema de justicia. Primero dijo que el acceso a la justicia es limitado pues se presenta en idioma castellano, sin tener en cuenta que el 13,6 % de los peruanos son quechua hablantes, según el Instituto Nacional de Estadística INEI 2017. Además, habló de la complejidad del lenguaje con términos jurídicos incomprensibles para el ciudadano promedio.

Como mencionó Ana Maria Vidal este poco acceso deriva, además, en otro problema: los abogados son utilizados como traductores del vocabulario jurídico, pues las personas no conocen cómo funcionan los procesos en este ámbito. Por el contrario, sólo un pequeño porcentaje de la población puede acceder a servicios legales eficientes.

El especialista también habló de la ineficacia al momento de dar las sentencias, la ausencia de data sistematizada sobre los casos y la poca transparencia en cuanto a los juicios y procesos existentes (los jueces y fiscales se niegan a ser supervisados). A esto Rosa Mavila añadió que deben existir políticas educativas para complementar a las políticas de control.   

Además, un asunto de mayor importancia ha merecido poca atención: los fiscales no están capacitados para una investigación previa de los casos y dependen casi enteramente de la pesquisa policía. Esto sumado a gran cantidad de funcionarios jurídicos que son provisionales, es decir, no han sido designados específicamente para el cargo, dificulta el avance de los procesos.

La corrupción, que se ha sistematizado es también un factor a considerar: las mafias judiciales que siempre han existido a menor escala han aumentado y se han infiltrado aún más en el sistema.

Así también, la injerencia del poder desde donde se intenta controlar la justicia provoca retrasos en proyectos, trabas y obstáculos dentro del mismo sistema. Por último, el hecho de que existen redes con mayor agencia en el control del sistema jurídico (desde redes de narcotráfico hasta mega corporaciones), agrava la situación.

Se mostró escepticismo hacia la reforma: ¿es posible mejorar el sistema? ¿se puede diferenciar el sistema de la sociedad? ¿existe una retroalimentación entre poder y justicia o es un círculo vicioso? ¿Cómo asegurar que los encargados sean escogidos de manera correcta?

Sin respuestas definitivas a un asunto de gran complejidad, las conclusiones apuntaron a las razones de fondo que impiden un cambio real: ¿podemos aspirar a un sistema sin corrupción si la sociedad en sí es corrupta? Sin mayores herramientas para medir la expansión y que tan introducida en el sistema está, las salidas son complicadas.

Tal vez, habría que empezar, como propone César Azabache, de menos a más, con los a casos de menor escala, implementando en las sedes distritales las vías para una administración de justicia eficiente y oportuna. Allí se pueden incorporar los cambios. Un paso a la vez.