Las últimas revelaciones sobre la corrupción en Perú, producto del trabajo del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato dan cuenta de la gran diferencia con la labor desempeñada por la comisión parlamentaria que presidió la fujimorista Rosa Bartra. Si bien todo grupo de investigación en el Congreso tiene un carácter político, estas diferencias son indicadores del trabajo realizado y de cómo se usaron los recursos públicos. Ahora, esto resulta importante, ya que el coordinador del equipo fiscal, Rafael Vela, ha señalado que faltan recursos humanos, económicos y logísticos para continuar con las investigaciones.

La Comisión Bartra (Congreso)

Este grupo parlamentario se conformó en enero del 2017 y presentó su informe final en noviembre del 2018. Fueron 22 meses de trabajo. 

Para el trabajo de este grupo, el Congreso pagó, con recursos públicos, los sueldos de diez asesores, cinco auxiliares y diez técnicos que sumaron un total de más de 165 mil soles mensuales. Además, se asignó a un asesor para cada uno de los cinco congresistas integrantes de la comisión con salarios que juntos sumaban más de 47 mil soles mensuales. En total, se pagó sueldos de 213 mil soles mensuales. Hasta mayo del 2018, esta Comisión gastó más de 3 millones de soles. El último reporte, publicado en mayo pasado, reveló una cifra más alta: en total el grupo parlamentario que dirigió Bartra gastó 6 millones 448 mil soles, según informó el diario La República.

Recordemos que este grupo parlamentario excluyó a Keiko Fujimori y a Alan García de las investigaciones, ambos líderes de los partidos políticos que, aliados, dominaron por un tiempo el Legislativo: Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano. Incluso llegó a considerar que las siglas AG, a pesar que antes lo había confesado el empresario Marcelo Odebrecht, no correspondían a García. Para los congresistas fujiapristas, el exmandatario era jefe de Estado y firmó las adendas, pero estuvo al margen de los actos de corrupción.

La Comisión Bartra se encargó en enfocarse en los enemigos políticos del fujiaprismo. Fue demoledor con los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Ollanta Humala. Concluyó que en los tres se encontró responsabilidad penal y política en la trama de corrupción brasileña.

A pesar de que ahora las confesiones y pruebas aparecen contra los que este grupo no había ni considerado, ayer, Bartra se justificó de la siguiente manera:

"Los elementos de convicción acaban de aparecer el día de hoy, hasta ayer no había ningún nexo que vincule directamente al expresidente Alan García con la posibilidad de alguna recepción de dinero, no la tenía nadie, de hecho tampoco la tenía el Ministerio Público", dijo a la prensa.

"Es malo que se pretenda confundir de que el Congreso es quien debe encontrar delitos, esa es función es exclusiva del Ministerio Público que tiene que perseguir la acción penal y la comisión de delitos", agregó.

Debemos señalar que el fujiaprismo impidió que se presente en el Congreso un informe en minoría que sí incluía a García y Fujimori. 

El Equipo Especial Lava Jato (Ministerio Público)

Fue creado en diciembre del 2016 ante la necesidad de investigar los actos de corrupción realizados por la empresa Odebrecht y otras constructoras brasileñas, que pagaron coimas a funcionarios públicos para ser favorecidas en diversas licitaciones de obras públicas en el Perú entre los años 2005 y 2014. Está a cargo de más de 34 investigaciones, entre preliminares y preparatorias.

El equipo está conformado por fiscales provinciales y adjuntos provinciales, así como asistentes de función fiscal, personal administrativo y peritos. Según última información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los fiscales superiores titulares ganan 18 mil soles mensuales, los provinciales titulares, 14 mil soles; y los adjuntos provinciales, 9 mil soles. Por ejemplo, Rafael Vela Barba es fiscal superior titular y José Domingo Pérez Gómez es fiscal provincial titular.

Hasta el momento, sus más importantes logros son: confesión del empresario Miguel Atala (prisión domiciliaria) de que era testaferro de García (detención preliminar fallida por su suicidio); prisión preventiva contra Luis Nava, exasesor presidencial de García; prisión domiciliaria para PPK; prisión preventiva para Keiko Fujimori; además de todas las declaraciones como colaborador eficaz del exrepresentante de Odebrecht, Jorge Barata, contra los políticos antes mencionados y también contra el expresidente Toledo (orden de captura internacional) y la exalcaldesa Susana Villarán (comparecencia restringida).

Como ha señalado el coordinador de este equipo de fiscales, hasta el momento todas las hipótesis de la Fiscalía se han confirmado con las declaraciones de los corruptores brasileños.

En recientes declaraciones a la prensa, Vela reveló que su equipo viene trabajando en "condiciones inhumanas" ya que pueden llegar a trabajar hasta 24 horas seguidas sin recibir ni un sol más por lo laborado extra.

"Estamos afrontando una seria crisis porque tenemos una insuficiencia de personal fiscal, que no puede abastecerse respecto a las necesidades urgentes de los casos que manejamos. En ese sentido, el Ministerio Público tiene una serie de restricciones dentro del ejercicio de sus tareas", afirmó.

Ante ello, el Poder Ejecutivo evalúa el pedido de más recursos para este equipo de fiscales. En conferencia de prensa, el Jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, dijo que están "atendiendo ese requerimiento con la misma celeridad y el mismo compromiso". Precisó que el pedido se está evaluando a través del MEF.

"Hay que hacer un trabajo detallado para que ver qué de lo que se puede va a poder ser otorgado de acuerdo a ley”, afirmó.

Si bien tienen funciones distintas en la forma, en el fondo la comisión Lava Jato del Congreso excluyó a los políticos líderes del aprismo y el fujimorismo, mientras que el equipo de fiscales siempre los tuvo en la mira.

En el Día del Trabajador, valoramos la labor realizada por este grupo de magistrados que están luchando contra la corrupción y la impunidad, problemáticas que afectan a toda la sociedad peruana con la falta de ética y con la pérdida de dinero por la corrupción. Según cálculos de la Defensoría del Pueblo, el costo de la corrupción es cerca del 10% del presupuesto público anual. La organización ciudadana 'Contribuyentes por Respeto' estima que, en los últimos diecinueve años, el monto que los peruanos hemos perdido por la corrupción sería de 136 millones 147 mil soles, dinero que podría haber sido usado en servicios como educación, salud, infraestructura u otras obras que sirvan a la ciudadanía.

[Foto de portada: Andina]

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